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Leah Carlson- Desde comienzos del mes de abril, los inmigrantes con estatus de residencia permanente e indefinido tienen derecho a licencias de conducir de término completo (ocho años) según la ley de Carolina del Norte. Esto después de un fallo del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).
La decisión legal se tomó luego de que en diciembre de 2022 el Centro de Justicia de Carolina del Norte (NCJC, por sus siglas en inglés) y la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU NC, por sus siglas en inglés) presentaron una petición en representación de tres ciudadanas no estadounidenses a quienes el DMV había emitido licencias de duración limitada, a pesar de gozar de un estatus de residencia permanente e indefinida.
La petición administrativa alegó “prácticas inconsistentes, injustas y discriminatorias del DMV”, según un comunicado de las organizaciones activistas, y fue firmada por tres inmigrantes latinas: María Analida Pérez Fernández, Marcela Valdebenito Pizzaro, y Mayra Itzel Luna Huerta.
Las organizaciones argumentaron que los inmigrantes con estatus permanente estaban siendo tratados como si fueran temporales al otorgarles licencias de sólo dos o tres meses de duración. Asimismo, subrayaron el impacto de privar a los inmigrantes de la posibilidad de conducir afectando su “capacidad de ir y venir del trabajo, la escuela y las citas médicas, entre otras innumerables tareas diarias”.
Para los abogados de la ACLU NC y el NCJC, que algunos de los documentos relacionados con el estatus de residencia, como por ejemplo las “green cards”, tengan fecha de caducidad no significa que la persona ya no puede estar en el país.
Según información publicada en medios locales, Eric Boyette, secretario del Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT, por sus siglas en inglés), ente supervisor del DMV, aseguró que la emisión de licencias de 8 años de duración se hará siempre que se cumplan otros requisitos previos como, por ejemplo, la búsqueda de los nombres de los solicitantes en la base de datos (SAVE) del Departamento de Seguridad Nacional que verifica su presencia legal en el país.
Aunque la abogada de ACLU, Munneba S. Talukder, calificó el fallo como una “victoria significativa”, manifestó su preocupación por la decisión del DMV de exigir que los conductores que aún no tienen la ciudadanía estadounidense deban someterse al proceso de verificación de SAVE, al que calificó como “notorio por los retrasos”. Aseguró, sin embargo, que continuarán revisando opciones y enfoques que permitan actuar en defensa de las comunidades inmigrantes.
Luna Huerta, una de las firmantes de la petición administrativa, se manifestó complacida con el fallo. “Saber que obtendré una licencia emitida por el período de tiempo apropiado es excelente. Bajo la política anterior, se me negó y no tuve una licencia durante cuatro meses. Tuve que renunciar a mi trabajo porque no podía conducir para llegar allí”, recordó.
