Foto: NC State Assembly
Leah Carlson- El Senado de Carolina del Norte dio el visto bueno al proyecto de ley HB10, considerado como antiinmigrante. Ahora, la propuesta volverá a la Cámara de Representantes para una revisión tras recibir cambios técnicos y podría ser sometida a votación la próxima semana. Luego, irá al escritorio del gobernador Roy Cooper quien tendrá un plazo de 10 días para vetarlo o convertirlo en ley, en cuyo caso entraría en vigor el 1 de julio de este año.
Aunque el gobernador demócrata Roy Cooper ha vetado normas similares en el pasado, actualmente los republicanos cuentan con una “supermayoría” en la Asamblea General, es decir, controlan dos tercios de ambas cámaras y tienen el poder de anular un eventual veto del gobernador.
El HB10 contempla que los alguaciles cooperen con las agencias federales de inmigración obligándoles a poner a cualquier persona acusada de un delito a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Además, una nueva sección permite a cualquier persona, incluyendo agencias federales, presentar una queja ante el Fiscal General de Carolina del Norte, si se alega que un alguacil o administrador de una cárcel no está cumpliendo con la obligación de cooperar con ICE.
Según información publicada en el Newsletter “La tortilla” del medio Enlace Latino, el proyecto de ley contempla dos modalidades de cooperación diferentes, la primera obliga a los alguaciles a informar al ICE cada vez que arrestan a una persona acusada de cometer ciertos delitos dentro de los cuales se encuentran algunos muy graves como asesinatos o violaciones, y otros menores, que no incluyen violencia.
La segunda modalidad, descrita en el apartado b1 de la propuesta, está dirigida a cualquier persona detenida en una cárcel, independientemente del delito que haya cometido. “Ese delito puede ser muy menor. Podrían terminar deportando a gente que simplemente cometió una infracción de tránsito: familias trabajadoras y con fuertes raíces en los Estados Unidos separadas porque un padre se olvidó de frenar en una señal de stop”, se afirma en la publicación.
En este contexto, según difundió un comunicado de prensa de la organización El Pueblo, más de cien personas llegaron el 1 de mayo hasta la Asamblea Legislativa de Carolina del Norte para pronunciarse en contra del HB10 en el marco de una movilización y cabildeo convocado por esta organización, la Alianza de Derechos de los Inmigrantes y diversas organizaciones locales, bajo el lema “Todos somos North Carolina”.
Durante la jornada de protesta, miembros de la comunidad inmigrante difundieron información sobre las contribuciones de los inmigrantes en Carolina del Norte. El comunicado asegura que, de acuerdo con un reporte de American Immigration Council del 2023, los inmigrantes de Carolina del Norte pagan cada año $8,400 millones de dólares en impuestos. También, según el documento, el Departamento de Comercio de Carolina del Norte indica que el 10.9% de la fuerza laboral en el estado es inmigrante. En el sector de la construcción un 29% de todos los trabajadores son inmigrantes y algo similar ocurre en el sector agrícola donde la cifra alcanza un 23.3%.
“HB10 hará que trabajadores migrantes decidan irse del estado como ya ha sucedido en otros estados donde han aprobado leyes parecidas”, declaró Martha Hernández del Comité de Acción Popular en el comunicado. “No solo somos una fuerza laboral sino que generamos empleos y movemos la economía del estado: hay 67.453 propietarios de negocios, y el valor de las viviendas cuyos dueños son migrantes asciende a 70.300 millones de dólares”, aseguró la activista.
También Griselda Alonzo de Mujeres Organizando Oportunidades Notables (MOON) afirmó que el HB10 no garantiza que las comunidades estén más seguras, “al contrario, quebrará la confianza de la comunidad en las autoridades policiales por miedo a la deportación”, dijo. “No podemos olvidar a las cientos de familias separadas como consecuencia de la colaboración de las fuerzas del orden e ICE”, puntualizó Alonzo.
Por su parte, Iliana Santillán, directora ejecutiva de El Pueblo, consideró que aunque se ha dicho que esta ley solo se dirigirá a quienes han cometido un delito “sabemos que muchas personas están en las cárceles solo como sospechosos. Este proyecto abre la puerta al uso de perfil racial y al abuso de autoridad”, subrayó.
Detalles del proyecto de ley
La información publicada en el Newsletter de Enlace Latino explica que el HB10 contempla que si el ICE solicita mantener a una persona en custodia para recogerla e iniciarle un proceso migratorio, los alguaciles están obligados a detener a la persona durante 48 horas o hasta que sea recogida por agentes migratorios, sin importar el motivo que la llevó a prisión. Una vez en custodia del ICE las personas son trasladadas a un centro de detención donde ya no se defienden de los cargos por los que fueron apresados, sino de la deportación.
La ley estatal vigente obliga a los alguaciles de Carolina del Norte a intentar determinar la situación legal de las personas que detienen e informar al ICE. Sin embargo, no les obliga a atender las solicitudes de retención del ICE, que piden a las autoridades locales que retengan a una persona que se cree que está en el país ilegalmente durante un máximo de 48 horas mientras los agentes federales la recogen.
“En las ciudades más pobladas del estado los alguaciles suelen negarse cuando se trata de gente acusada de delitos menores. Si el HB10 entra en vigor, ya no podrán negarse”, subraya la publicación de Enlace Latino.
Un precedente en Carolina del Norte es la norma 287 (g) que obligaba a los alguaciles a cooperar con ICE y que en condados como Mecklenburg, donde funcionó entre 2006 y 2018, dejó un saldo de 15.000 personas en proceso de deportación. “Dos de cada tres de esas personas habían sido detenidas por delitos menores, como infracciones de tránsito”, puntualiza la nota.
Finalmente, según la publicación de Enlace Latino, los estudios han demostrado el enorme impacto de esta clase de programas en la comunidad. “Por ejemplo, las personas no se sienten cómodas de buscar apoyo en la policía y muchos crímenes quedan impunes. Incluso hay investigaciones que revelaron que las familias latinas sufrían hambre porque no se atrevían a salir a comprar comida por temor a ser arrestadas mientras conducían. El programa también provocó una disminución de las consultas médicas prenatales de las madres inmigrantes, lo cual derivó en una disminución del peso de los bebés al nacer”.
