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Leah Carlson- A finales de junio la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, de mayoría conservadora, tomó tres decisiones controversiales que, según expertos, podrían afectar a sectores más desprotegidos de la sociedad.
Los seis jueces conservadores, nominados por presidentes republicanos, estuvieron de acuerdo en anular la política de acción afirmativa en las admisiones universitarias, en bloquear el plan del presidente Joe Biden de condonar la deuda a estudiantes universitarios, y en el fallo a favor de la diseñadora gráfica cristiana Lorie Smith que le permite rehusarse a trabajar en material que promueva el matrimonio igualitario.
Un golpe a la representación de las minorías
En una de sus decisiones el Tribunal Supremo anuló las admisiones universitarias basadas en la raza, dictaminando que esta ya no puede tenerse en cuenta como factor para el ingreso a la educación superior. La decisión de la máxima corte asesta un golpe a la política de acción afirmativa que se introdujo en los años sesenta y que, desde entonces, se ha defendido como medida para aumentar la diversidad.
En los últimos 20 años, la Corte Suprema había fallado dos veces a favor de estas políticas, incluso en 2016, pero esta vez dio un giro de 180 grados en su postura.
También llamada discriminación positiva, o acción positiva, esta polítca se refiere a un conjunto de medidas cuyo objetivo es aumentar la representación de ciertos grupos en función de su género, sexualidad, credo o nacionalidad en ámbitos en los que están infrarrepresentados, como la educación y el empleo. Según activistas, ayudaron a elevar el número de estudiantes negros y latinos en la educación superior.
Según cifras del gobierno federal en las ochouniversidades de la Ivy League, los estudiantes no blancos aumentaron en un 55 % entre 2010 y 2021. Ese grupo incluye estudiantes nativos americanos, asiáticos, negros, hispanos, isleños del Pacífico y birraciales y representó el 35% de los alumnos en estos centros de educación superior en 2021, frente al 27% en 2010.
La sentencia se refirió a dos casos de admisión en Harvard y la Universidad de Carolina del Norte (UNC). El tribunal falló 6-3 contra la UNC y 6-2 contra Harvard y a favor de la organización Students for Fair Admissions, fundada por el activista Edward Blum.
En su escrito en representación de la mayoría conservadora John Roberts, presidente del máximo tribunal, declaró: “Muchas universidades han concluido de manera errónea y por mucho tiempo que la piedra de toque de la identidad de un individuo no son los retos superados, las habilidades adquiridas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel. Según Roberts, el proceso de admisión de Harvard se basa en el “pernicioso estereotipo” de que “un estudiante negro puede aportar normalmente algo que un blanco no puede ofrecer”.
Para Blum, el demandante por Students for Fair Admissions, las prácticas de admisión basadas en la raza “socavaron la integridad de las leyes de derechos civiles” del país. Blum calificó la decisión como “el comienzo de la restauración del pacto legal sin distinción de razas que une a nuestra nación multirracial y multiétnica”.
Sin embargo, Sonia Sotomayor, una de las magistradas disidentes, consideró que el fallo “consolida una norma superficial de no distinción de razas como principio constitucional en una sociedad endémicamente segregada”.
Por su parte, Ketanji Brown Jackson, la primera jueza negra de la corte, calificó la decisión como “una verdadera tragedia para todos nosotros” y aseguró que “considerar que la raza es irrelevante en la ley no significa que lo sea en la vida”.
El presidente Joe Biden se manifestó en firme desacuerdo con el fallo de la Corte. “No podemos permitir que esta decisión sea la última palabra. La discriminación sigue existiendo en Estados Unidos”.
“Este no es un tribunal normal”, dijo Biden.
Atrapados en deudas
El máximo tribunal también bloqueó el plan del presidente Joe Biden de perdonar la deuda a estudiantes universitarios.
Cabe recordar que hace unos años, el entonces candidato presidencial se había comprometido a condonar al menos 10.000 dólares a los deudores de préstamos federales estudiantiles. Una vez en el cargo, en agosto de 2022, anunció su iniciativa de amplio alcance para condonar hasta 20.000 dólares a los beneficiarios de becas Pell, y hasta 10.000 dólares a otros prestatarios que cumplieran los requisitos.
La medida se tomó en el marcó de la Ley HEROES, promulgada por primera vez tras los atentados del 11 de septiembre, que otorga facultades al Secretario de Educación para conceder exenciones a los requisitos de los préstamos estudiantiles durante períodos específicos, por ejemplo en tiempos de guerra o en caso de emergencia nacional, como la pandemia por COVID-19.
En sus declaraciones para la fecha, el Secretario de Educación de EE.UU., Miguel Cardona, aseguró que la idea era garantizar que los prestatarios no se encontraran en una posición financiera peor debido a la pandemia, y restaurar la confianza en un sistema que “debería estar creando oportunidades, no una trampa de deudas”. Alrededor de 43 millones de prestatarios se beneficiarían con la medida y unos 20 millones verían su deuda completamente cancelada, según información de la administración.
En un artículo anunciando la medida, la organización sin fines de lucro National Public Radio (NPR) citó declaraciones de la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, asegurando que el plan de Biden podría incluso ayudar a abordar las desigualdades raciales: “Dado que los estadounidenses negros piden más dinero prestado para su educación y tienen más dificultades para pagar su deuda después de estudiar, la medida del Presidente también ayudará a reducir la brecha de riqueza racial en los Estados Unidos entre los prestatarios”, declaró.
Según un artículo de Forbes, sobre estadísticas de deuda de préstamos estudiantiles de 2023, el 50 % de los adultos negros tienen deudas de préstamos estudiantiles, con un saldo promedio de $9,800; el 44% de los adultos blancos tienen deudas de préstamos estudiantiles, con un saldo promedio de $8,700 y el 37 % de los adultos hispanos/latinos tienen deudas de préstamos estudiantiles, con un saldo promedio de $7,000.
Pero la medida de condonación de deuda quedó anulada tras una decisión 6-3 del máximo tribunal. En representación de la mayoría conservadora, el Presidente del Tribunal argumentó que la autoridad para “modificar” estatutos y reglamentos permite al Secretario hacer modestos ajustes y adiciones a las disposiciones existentes, “no transformarlas”.
Para los tres jueces liberales disidentes la mayoría conservadora está tomando decisiones políticas. “La Corte actúa como si fuera un árbitro de disputas políticas y normativas, más que de casos y controversias”, escribió la jueza Elena Kagan citada por la NPR. La magistrada acusó al tribunal de sustituir “una vez más al Congreso y al Poder Ejecutivo, y a los cientos de millones de personas a las que representan, en la toma de las decisiones políticas más importantes y controvertidas de esta nación”.
La decisión de la Corte Suprema significa que los prestatarios a quienes iba dirigido el programa no recibirán ningún alivio. Además, la interrupción de las obligaciones mensuales de pago de deuda durante la pandemia de COVID-19 terminará en octubre.
Biden criticó la medida por “arrebatar” el alivio de la deuda “de las manos de millones de estadounidenses”. “Los funcionarios republicanos simplemente no podían soportar la idea de aliviar a los estadounidenses de clase media y trabajadora. Creo que la corte malinterpretó la Constitución”, agregó el presidente.
Unos 43 millones de personas, es decir, aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses cumplían los requisitos para ser beneficiarios del plan.
Según el reportaje de la NPR, los prestatarios se preparan para presupuestos aún más reducidos y más estrechez financiera cuando se reanuden los pagos. En este sentido, la organización citó el caso de Ariana Cuéllar quien con más de 30.000 dólares en préstamos estudiantiles, habría recibido 10.000 dólares de condonación.
Para Cuéllar el día del anuncio fue “realmente alegre” pues le dio algo de esperanza, “aunque no lo suficiente como para aliviar la presión de pagar intereses además de su deuda original”, se lee en el documento.
Un posible precedente
También la última semana de junio la Corte Suprema de EE.UU. falló a favor de la diseñadora cristiana de páginas web de Colorado, Lorie Smith, quien presentó su caso ante este tribunal. Smith, que se opone al matrimonio igualitario, solicitó no ofrecer sus servicios de bodas a parejas del mismo sexo. Con 6 votos a favor y 3 en contra y amparándose en la Primera Enmienda a la Constitución, el máximo tribunal tomó su decisión.
La diseñadora impugnó una ley de Colorado que prohíbe la discriminación en la venta de bienes y servicios disponibles al público alegando que, al exigirle que atendiera a todo el mundo por igual, el Estado la obligaba inconstitucionalmente para crear un mensaje al que ella se opone y violaba su libertad de expresión y religiosa.
En representación de la mayoría conservadora, el juez Neil Gorsuch distinguió en la sentencia entre lo que sería la discriminación basada en la condición de una persona, es decir por su género, raza y otras clasificaciones y la discriminación basada en su mensaje. “La Primera Enmienda concibe a Estados Unidos como un lugar rico y complejo donde todas las personas son libres de pensar y hablar como deseen, no como lo exija el gobierno”, argumentó el magistrado.
“Las protecciones de la Primera Enmienda pertenecen a todos, no solo a los oradores cuyos motivos el gobierno considera dignos. En este caso, Colorado pretende obligar a una persona a expresarse de una manera que desafía su conciencia sobre un asunto de gran importancia”, defendió Gorsuch.
La Primera Enmienda, adoptada el 15 de diciembre de 1791, protege el derecho a la libertad de expresión, de prensa, de reunión pacífica y a solicitar una compensación por agravios gubernamentales.
Para muchos esta decisión representa un retroceso para los derechos LGBTI que durante casi tres décadas, han sido ampliados por el máximo tribunal. Cabe recordar que en 2015 la corte concedió el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo, y cinco años después, anunció que la ley de derechos civiles protege a esta comunidad de la discriminación laboral.
En su opinión disidente, en representación de los tres jueces opuestos al fallo, la jueza Sonia Sotomayor escribió. “La objeción de Lorie Smith equivale a una discriminación contra la condición de las parejas del mismo sexo, una discriminación por ser quienes son. Una y otra vez las empresas y otras entidades comerciales han solicitado un derecho constitucional a discriminar y una y otra vez este tribunal se ha opuesto valientemente a estos reclamos. Hasta hoy. Hoy, este tribunal retrocede”.
“El acto de discriminación nunca ha constituido una expresión protegida en virtud de la Primera Enmienda. Nuestra Constitución no reconoce el derecho a negar el servicio a un grupo desfavorecido”, concluyó Sotomayor.
Por su parte, el presidente Joe Biden calificó de “decepcionante” la sentencia e instó al Congreso a aprobar una ley de igualdad que blinde los derechos del colectivo LGTBI. “Aunque la decisión del Tribunal solo se refiere a los diseños originales expresivos, me preocupa profundamente que la decisión pueda invitar a una mayor discriminación contra los estadounidenses LGBTQI+”, reflexionó el presidente.
