Leah Carlson- El miércoles 1 de abril el Tribunal Supremo de los Estados Unidos examinó los alegatos a favor y en contra de un polémico decreto impulsado por el presidente Donald Trump que pretende limitar la ciudadanía automática por nacimiento en los Estados Unidos. La orden ejecutiva, que Trump firmó el primer día de su regreso al cargo, argumenta que quienes nacen en territorio estadounidense de padres sin documentos y visitantes extranjeros temporales no tienen este derecho.
Los nueve jueces del máximo tribunal designados de por vida, son de mayoría conservadora 6-3, sin embargo, se mostraron escépticos frente a la constitucionalidad de los alegatos del procurador general, John Sauer, encargado de defender la medida.
Sauer argumentó que el decreto de ciudadanía por nacimiento incentiva la inmigración ilegal y a quienes violan las leyes migratorias y fomenta lo que calificó como “turismo de nacimientos”, es decir, el ingreso al país sólo con el objetivo de dar a luz.
John Roberts, presidente del tribunal de tendencia conservadora, increpó a Sauer sobre la frecuencia del “turismo de nacimientos” y dijo que la cantidad de casos no tendría impacto en el análisis legal del proceso.
Sauer respondió argumentando que “ahora estamos en un mundo nuevo donde ocho mil millones de personas están a un vuelo de tener un hijo ciudadano estadounidense”.
A lo que Roberts replicó: “Es un mundo nuevo pero es la misma Constitución”.
Roberts también cuestionó la viabilidad práctica de la medida y las posibles implicaciones legales de su implementación.
También el juez conservador Brett Kavanaugh increpó a Sauer sobre sus razones para citar las políticas de ciudadanía por nacimiento de otros países para defender sus argumentos y dijo que los intentos de interpretar la ley estadounidense deben ser con precedentes estadounidenses y basados en la historia del país.
En un hecho único en la historia para un presidente en ejercicio, Trump estuvo presente cerca de una hora en la sesión del tribunal sólo para oír los alegatos orales de Sauer, luego se retiró sin escuchar los de la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Cecillia Wang, defensora de la ciudadanía por nacimiento.
Poco después publicó en su red Truth Social “¡Somos el único país del mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por nacimiento!”.
Cabe destacar que Estados Unidos es una de las 30 naciones que concede automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida dentro de sus fronteras.
Decimocuarta Enmienda
La polémica medida que pretende impulsar la administración Trump ya había sido bloqueada por tribunales inferiores por considerarla inconstitucional.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento que está consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU. se estableció luego de la Guerra Civil estadounidense, para garantizar derechos a las personas que habían sido esclavizadas.
En 1898 un caso, el de los Estados Unidos vs Wong Kim Ark, consolidó este derecho para hijos de inmigrantes. Wong, nacido en San Francisco de padres chinos, llevó hasta el Tribunal Supremo su recurso, luego de que se le impidiera reingresar al país tras un viaje a China. La decisión fue favorable a Wong pues los jueces estimaron que la norma era aplicable, creando una jurisprudencia que ha estado vigente durante casi 130 años.
Implicaciones de una decisión a favor de Trump
Según expertos, si el decreto es aprobado no podría aplicarse de forma retroactiva pero tendría enormes consecuencias pues impediría la ciudadanía a más de 250.000 recién nacidos en Estados Unidos cada año. Además implicaría la verificación del estatus legal de los padres de los 3,6 millones de bebés que nacen en Estados Unidos anualmente.
Un reciente estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania asegura que si la propuesta de Trump es aprobada, para el año 2050 podría haber 6,4 millones de niños nacidos en Estados Unidos sin estatus legal y la comunidad latina sería la más afectada. También la población asiática resultaría perjudicada pues el mayor aumento de nacimientos de bebés sin ciudadanía se daría en esta comunidad. Además, la medida dejaría a recién nacidos abandonados sin nacionalidad.
También, para el Instituto de Políticas Migratorias si la población de inmigrantes indocumentados aumenta de manera considerable, la aprobación de la medida traería como consecuencia una clase marginada de niños nacidos en Estados Unidos que se extendería a lo largo de varias generaciones.
En conclusión, la posible aprobación llevaría a una enorme cantidad de batallas legales para definir quién califica como ciudadano y haría más complejo el sistema migratorio pues se requeriría probar el estatus legal de los padres al momento del nacimiento, además aumentaría la desigualdad pues recién nacidos en el mismo hospital tendrían derechos distintos y tanto la educación, como la salud y los beneficios sociales podrían volverse más restrictivos.
Aunque la relación de Trump con los magistrados del Tribunal Supremo se ha vuelto más tensa desde que la máxima instancia fallara en febrero en contra del plan arancelario de su administración, expertos no descartan que la medida pudiera ser aprobada. La decisión final se espera para finales del mes de junio y entraría en vigor 30 días después de la sentencia.
