Alexis Quintar – Una pregunta que hoy levanta polvo en los tribunales y en los pasillos de corporaciones, universidades y despachos de abogados de Estados Unidos es más profunda de lo que parece: ¿deberían los programas ayudar a las minorías? Lo que para muchos es una herramienta legítima de equidad, para otros se ha convertido en un campo de batalla legal que desafía el sentido de la justicia misma.
Desde mediados de 2023, tras una decisión histórica de la Corte Suprema que puso fin a la acción afirmativa en las admisiones universitarias, grupos conservadores han ido mucho más allá de las aulas. Han desencadenado una avalancha de demandas contra iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (D.E.I.) en prácticamente todos los ámbitos de la vida estadounidense.
Lo que comenzó como un desafío a las políticas de admisión en instituciones educativas se ha convertido en un movimiento estratégico para cuestionar cualquier programa que ofrezca beneficios específicos a grupos históricamente marginados. Esto incluye subvenciones, becas, programas de mentoría e incluso eventos culturales con descuentos. Los grupos conservadores que lideran esta carga, como American Alliance for Equal Rights (Alianza Americana para la Igualdad de Derechos), han presentado decenas de demandas contra corporaciones, bufetes de abogados, organizaciones sin fines de lucro y grupos artísticos.
Un ejemplo que llamó la atención fue el caso de una firma de capital de riesgo que canceló un concurso que otorgaba subvenciones de 20.000 dólares a mujeres emprendedoras negras tras ser demandada. En otra polémica, un espectador blanco demandó a un teatro Off Broadway por ofrecer entradas con descuento a personas de color durante una función especial.
La herramienta legal inesperada: una ley de la Reconstrucción
Lo más sorprendente es cómo están construyendo su estrategia jurídica, ya que lejos de basarse en normas modernas sobre empleo o discriminación, estos litigantes frecuentemente apelan a la Sección 1981 de la Ley de Derechos Civiles de 1866. Una ley de la era de la Reconstrucción diseñada originalmente para proteger a las personas negras anteriormente esclavizadas de la discriminación en contratos y empleo.
Según esos demandantes, esa ley protege a todas las personas, sin importar raza, frente a preferencias basadas en el color de piel o el origen étnico, y por ende les permite impugnar programas que, en realidad, apuntan a corregir desigualdades históricas. Esta interpretación no solo ha dado pie a juicios exitosos, sino que ha obligado a varias organizaciones a modificar o cancelar sus programas antes incluso de que los casos lleguen a juicio.
Entre la neutralidad y la desigualdad: dos relatos enfrentados
Desde la vereda conservadora, los abogados implicados defienden su accionar bajo la bandera de la “neutralidad”. En este sentido, Dan Lennington, asesor adjunto del Instituto de Wisconsin para el Derecho y la Libertad, una organización conservadora sin fines de lucro que ha llevado varios casos, indicó: “Mi jefe dice que ‘la guerra aérea está ganada’, y ahora tenemos que hacer el trabajo sucio de ir casa por casa y eliminar estos programas uno a uno”.
Sin embargo, la sensación de muchas minorías y defensores de los programas D.E.I. es otra: que se está desmontando cuidadosamente la arquitectura creada para nivelar oportunidades. Para críticos como David Glasgow, director del Centro Meltzer para la Diversidad de Nueva York, esto es “un ataque múltiple contra la diversidad, la equidad y la inclusión. Están librando una guerra legal, política y cultural”. La ironía no pasa desapercibida: muchas de estas demandas utilizan leyes antiguas para desmantelar programas diseñados para ayudar a quienes han sido históricamente excluidos por esas mismas leyes.
Un panorama legal en rápida evolución
La marea de demandas no se limita a casos aislados, puesto que muchos abogados conservadores han llevado ante los tribunales programas en universidades, despachos legales, corporaciones e incluso agencias gubernamentales. Algunos demandantes han demandado a gigantes como McDonald’s y la American Bar Association por becas dirigidas a grupos minoritarios, empujando a estas organizaciones a ampliar sus programas o encontrar acuerdos.
A nivel federal, la administración actual ha emitido órdenes ejecutivas que buscan terminar con oficinas y programas D.E.I. dentro del gobierno y, según esas políticas, también desalentar prácticas similares en el sector privado. Aunque algunas de estas órdenes han sido bloqueadas en cortes por su vaguedad o posibles violaciones constitucionales, la batalla legal sigue abierta. Además, agencias como la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) han estado examinando de cerca cómo algunas firmas aplican programas de contratación D.E.I., generando un ambiente de cautela en sectores como el legal.
En el centro: un debate ético, no solo jurídico
Más allá de los argumentos técnicos sobre leyes de 1866 o secciones modernas del estatuto federal, lo que está en juego es una cuestión de valores que resuena con fuerza en el corazón de la sociedad: ¿qué entendemos por igualdad?
Para muchos defensores de los programas D.E.I., estas iniciativas no son privilegios injustos: son mecanismos necesarios para corregir desigualdades que no desaparecieron con la abolición formal de la segregación. Para sus oponentes, cualquier acción que categorice a las personas por raza, aunque tenga fines correctivos, es en sí discriminatoria y contraria a la idea de tratar a todos como individuos.
Lo cierto es que detrás de cada demanda hay historias humanas, emociones encontradas y una sociedad que, aunque cansada de conflictos, no puede permitirse ignorar las heridas del pasado. La pregunta que queda es si estas disputas legales conducirán a una verdadera neutralidad o, al contrario, profundizarán las divisiones en un país que aún busca reconciliarse con su propia historia.
