Maxi Benbassat- Mientras gran parte del gobierno federal estadounidense se mantiene paralizado por el cierre presupuestario, los tribunales de inmigración en Carolina del Norte continúan funcionando. En Charlotte, sede del único tribunal de inmigración del estado, las audiencias siguen su curso, aunque la incertidumbre crece entre abogados, solicitantes de asilo y defensores legales.
Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), Carolina del Norte enfrenta más de 133.000 casos migratorios pendientes, una cifra que refleja la presión constante sobre un sistema ya saturado. A nivel nacional, el número supera los cuatro millones.
El funcionamiento de estos tribunales depende del Departamento de Justicia y su
agencia, la Executive Office for Immigration Review (EOIR). Aunque otras dependencias federales han suspendido operaciones, la EOIR se mantiene activa gracias a fondos de emergencia, lo que permite que por ahora las audiencias sigan realizándose.
Incertidumbre y aumento de los tiempos de espera
Para Davis Lovvorn, abogado del Immigrant Justice Program del Charlotte Center for Legal Advocacy, el posible cierre de los tribunales afectaría los derechos humanos de los migrantes. “Era importante que todos en este país fueran tratados con dignidad, sin importar su estatus migratorio”, afirma Lovvorn.
Lovvorn, exprofesor de secundaria que trabajó con estudiantes indocumentados, ahora dedica sus días a representar a migrantes que buscan asilo o alivio humanitario. Maneja alrededor de 60 casos activos, pero admite que muchos avanzan lentamente.
“En cierres anteriores del gobierno, los casos de personas no detenidas se detuvieron por completo”, recuerda. “Esta vez, los tribunales siguen abiertos, pero no sabemos por cuánto tiempo podrán sostener esa operación.”
La continuidad de los tribunales depende de recursos temporales que podrían agotarse si el cierre del gobierno se prolonga. Si eso ocurre, los casos de no detenidos -aquellos de personas que viven en libertad mientras esperan su audiencia- podrían quedar congelados nuevamente. Esto agravaría la acumulación de expedientes y extendería los tiempos de espera, que en algunos casos ya superan los cinco años.
Para los migrantes, esa espera significa más que un retraso administrativo: es la diferencia entre la estabilidad y la incertidumbre. Entre ellos hay familias que buscan asilo, jóvenes Dreamers y trabajadores que llevan años contribuyendo a la economía local.
Justicia que resiste
En medio del caos político de Washington, el tribunal de inmigración de Charlotte se ha convertido en un símbolo de resistencia institucional. Sus salas, a menudo abarrotadas, son escenario de historias humanas donde se juega el futuro de miles de personas.
Cada audiencia es una batalla por la permanencia, por la reunificación familiar o por la esperanza de una nueva vida. Y aunque los fondos puedan agotarse y las puertas eventualmente se cierren, por ahora, la justicia migratoria en Carolina del Norte sigue en pie.
