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Raquel García Núñez- El programa 287 (g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) siempre ha estado bajo el escrutinio público. Es el blanco de muchas críticas por parte de los inmigrantes, en especial de la comunidad latina que lo ve como un instrumento de discriminación, pero también ha recibido elogios de un sector que está de acuerdo en poner mano dura en la lucha contra los extranjeros ilegales que cometen delitos en el país.
Este instrumento legal se refiere a una sección específica de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996 en la que se autoriza al Director del ICE a celebrar acuerdos con las agencias de aplicación de la ley estatales y locales que permiten a los oficiales designados realizar “funciones limitadas de aplicación de la ley de inmigración”.
Según se destaca en el sitio web de la máxima agencia de inmigración en el país, los agentes actúan “como un multiplicador de fuerza en la identificación, la entrega de órdenes de detención y el arresto de personas encarceladas nacidas en el extranjero con cargos o condenas penales”. Los acuerdos celebrados bajo el programa 287(g) exigen la capacitación adecuada de los agentes estatales y locales que ejecutan funciones de inmigración y que estos estén bajo la supervisión de los funcionarios del ICE.
La agencia federal considera que los socios estatales y locales se benefician “al reducir la cantidad de delincuentes que son devueltos a la comunidad sin ser examinados por violaciones de inmigración”. Según datos publicados por el ICE, en 2020 a través del programa 287(g) se encontraron aproximadamente 920 no ciudadanos condenados por agresión, 1261 por drogas peligrosas, 104 por delitos/agresiones sexuales, 377 por obstruir a la policía, 190 por delitos con armas y 37 por homicidio.
Actualmente, el Programa 287 (g) funciona bajo dos modalidades: el clásico modelo de Aplicación de Leyes dentro de Cárceles o Jail Enforcement Model (JEM) y el Modelo de Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto, o Warrant Service Officer Model (WSO), lanzado en 2019 y que los activistas llaman “287 (g) Lite”. El modelo JEM permite a los agentes de los alguaciles actuar como oficiales de Inmigración al momento de procesar a los detenidos indocumentados para su deportación, mientras que el WSO busca contrarrestar las “políticas de santuario” de muchas localidades que limitan la participación de los organismos locales en la aplicación de la ley inmigratoria federal, capacitando, certificando y autorizando a funcionarios estatales y locales seleccionados para ejecutar las órdenes administrativas del ICE.
Desde noviembre de 2021, ICE tiene acuerdos 287(g) en la modalidad Jail Enforcement Model (JEM) con 66 agencias de aplicación de la ley en 19 estados y con 76 en 11 estados bajo el esquema 287(g) Warrant Service Officer Model (WSO).
En Carolina del Norte el Programa 287 (g) está vigente en sus dos modalidades en 14 Oficinas del Alguacil y en una cárcel de Distrito. El 5 de mayo del 2020, en plena pandemia, se firmó un nuevo acuerdo con el condado de Alamance para aplicar el programa bajo la modalidad Warrant Service Officer (WSO). Según lo indica el sitio web del ICE los otras Oficinas de Alguacil con el modelo WSO son las de los condados de Avery, Brunswick, Caldwell, Cleveland, Duplin, Lincoln, Nash, Randolph, Rockingham, Yancey, y con la cárcel del Distrito de Albermarle. Con el modelo JEM se celebraron acuerdos con las Oficinas del Alguacil de los condados de Cabarrus, Gaston y Henderson.
En 2018 el programa fue cancelado por los alguaciles que ganaron las elecciones en los condados de Mecklenburg, Wake, Guilford, Forsyth, Durham y Buncombe.
EL LADO OSCURO DEL 287 (G)
Durante años las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes latinos indocumentados han alertado sobre el sesgo discriminatorio que ha tenido la aplicación de este programa en oficinas de alguaciles y cárceles en distintas localidades del país. Incluso, denuncias suficientemente documentadas sobre este aspecto han derivado en su suspensión definitiva o temporal en algunas comunidades.
Estas organizaciones han denunciado reiteradamente que los alguaciles de línea dura han aprovechado el programa para atacar a los inmigrantes indocumentados con delitos leves, pese a que el ICE prometió que el instrumento legal se enfocaría en indocumentados con delitos graves.
Un análisis de The Washington Post publicado en noviembre de 2021, basándose en datos del FBI, señala que la tasa de arrestos entre los oficiales del alguacil por delitos de menor nivel en los condados que participaron en el 287(g) generalmente disminuyó entre 2008 y 2015. No obstante, la tasa se disparó en 2016 y alcanzó su nivel más alto en una década en 2019. El análisis señala, citando a un experto, que ese cambio podría atribuirse a las promesas del expresidente Donald Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.
Por otra parte, según el mencionado trabajo periodístico de investigación, en la era Trump, la cantidad de socios en 287(g) y un programa relacionado se cuadriplicó, pasó de 35 en 2017 a más de 140 a principios de 2021. Unos 15 alguaciles socios fueron vinculados a la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés), que ha sido descrita por grupos a favor de la inmigración como una organización antiinmigrante.
Como producto de la actuación desmedida en la aplicación del Programa 287 (g) por parte de muchos oficiales de alguaciles en contra de latinos indocumentados, inmigrantes de esta comunidad sienten profunda desconfianza hacia la autoridad. Por temor a ser deportadas familias completas temen acudir a los hospitales para tratar alguna dolencia o acercarse a la policía para denunciar violencia doméstica u otros delitos.
Los alguaciles que han decidido no celebrar acuerdos con el ICE señalan que el programa podría afectar la relación que tienen con los inmigrantes, quienes se abstendrían de denunciar delitos por temor a ser arrestados y posteriormente deportados. Por esta razón, muchos Jefes de Policía apoyan las “políticas santuario” que les ayudan a ganar la confianza de las comunidades de inmigrantes, de mucha importancia cuando, por ejemplo, se necesita que declaren como testigos de un crimen.
ALAMANCE CON HISTORIAL ANTIINMIGRANTE
La Oficina del Alguacil del Condado de Alamance ha estado en el centro de las polémicas desde hace años. Terry Johnson, el principal oficial del orden público del condado desde 2002 ha mostrado abiertamente su apoyo al ICE en medio de fuertes críticas por parte de las organizaciones que defienden a los inmigrantes.
Después de que la Comisión del Condado de Alamance votara para unirse al Programa 287 (g) en 2006, el republicano Johnson actuó de manera desproporcionada contra los inmigrantes latinos. Entre 2008 y 2012 la Oficina del Alguacil detuvo y emitió citaciones a conductores hispanos que cometieron infracciones de tránsito a un ritmo mayor que conductores no hispanos que cometieron las mismas infracciones, destaca un estudio de campo realizado por el experto del Departamento de Justicia de EE. UU., John Lamberth. En ese mismo período Johnson habría instruido a sus oficiales para que detuvieran a inmigrantes mexicanos a quienes llamó en algún momento “cometacos”, según informes que salieron a la luz durante una investigación.
En 2012 el ICE había suspendido el programa en Alamance luego de una lucha legal federal en la que se vio involucrada la Oficina del Alguacil. En ese momento el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra esta oficina por detener y procesar de manera desproporcionada a inmigrantes indocumentados con el fin de ponerlos en proceso de deportación a sus países de origen. La demanda alegó perfiles raciales inconstitucionales. En 2015, un juez federal desestimó la demanda alegando insuficiencia de pruebas, no obstante, indicó que el fallo judicial no podía ser interpretado como una aprobación de la conducta de los oficiales de esta dependencia policial.
A raíz del triunfo de Trump en 2016, el alguacil Johnson intentó restablecer una relación con el ICE, lo que despertó la preocupación de la comunidad de inmigrantes por el posible regreso del programa 287 (g) que veían como una forma de intimidación racial y deportación. Debido a las protestas del 2018 en las que la gente salió a las calles para rechazar el regreso del programa, el Alguacil desistió de colaborar con el ICE siguiendo las líneas del modelo anterior.
Sin embargo, su oficina aumentó sus ingresos al arrendar camas en las cárceles del condado directamente a la agencia federal. En este sentido, en febrero de 2019, Alamance cerró un contrato con el gobierno federal en el que el condado garantizaba 50 camas en cárceles locales para ICE y se le pagaba una tarifa diaria de $135 por cama. Otras 44 camas se alquilaron al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos a $82 por cama, por día. Esto representa más de $3.5 millones en ingresos al año para el condado, según destaca La Organización Vera, que trabaja para transformar los sistemas legales penales y de inmigración.
Vera señaló en un artículo publicado en su sitio web que el alguacil Johnson ha utilizado su trabajo con la lucha antidrogas exagerando los peligros que pueden correr los residentes del condado para infundir miedo y lograr así mayor capacidad policial y carcelaria. Según el reporte de Vera, a fines de 2018, Johnson solicitó y recibió más de $2 millones en fondos del condado para 30 oficiales más, alegando desafíos con el cártel de Sinaloa.
Recientemente, en entrevista exclusiva con Burlington Latino, Johnson insistió en su defensa señalando que la “retórica negativa y falsa” que algunos sectores difunden sobre su gestión en materia de inmigración, ha minado la confianza de la comunidad latina en Alamance respecto a su alguacil, lo que a la larga, según comenta, termina perjudicando a los propios residentes latinos que necesitan de sus servicios.
Vera destaca que el aumento de la detención federal de inmigrantes ha impulsado la expansión de la infraestructura de las cárceles de los condados en los Estados Unidos.
“A medida que aumenta el número de inmigrantes detenidos en los Estados Unidos, los alguaciles y otros funcionarios electos locales han visto una oportunidad política, así como una forma de subsidiar una mayor inversión en detención preventiva local mediante el alquiler de espacio en la cárcel a ICE”, señala la organización en un análisis difundido por Vera en en su sitio web.
El 8 de noviembre de 2022 se realizarán elecciones de medio término en las que todos los alguaciles de los 100 condados de NC tendrán la oportunidad de repetir en el cargo o ser sustituidos por otros. Los alguaciles son elegidos por votación partidista cada cuatro años y Johnson se postula nuevamente por el partido Republicano.
Para los inmigrantes ilegales en NC el temor a ser arrestados y deportados por la autoridad de inmigración es un aspecto con el que lidian día a día. La presión también proviene de los legisladores republicanos que promueven leyes antiimigrantes que podrían traer miles de expulsiones con el consecuente drama familiar que eso implica. Los activistas son contundentes al rechazar el Proyecto de Ley del Senado 101 (SB 101), por ejemplo, que exigiría a los alguaciles cooperar con el ICE y ayudar en el proceso de deportación del gobierno federal. Si no lo hacen pueden enfrentar cargos criminales y pagar costosas multas. La SB 101 es similar a la HB 370, que fue vetada por el gobernador Cooper en 2019 y no se convirtió en ley.
El presidente Joe Biden prometió durante su campaña acabar con el uso histórico de la 287(g) que vio su apogeo durante la administración de Trump, pero hasta ahora sigue siendo una deuda del mandatario en materia de inmigración.
