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Alexis Quintar – Días atrás, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Acabar con el crimen y el desorden en las calles de Estados Unidos” que muchos consideraron como una medida para enfrentar la crisis de las personas sin hogar. Pero esta medida, que se presenta como una solución para afrontar la falta de vivienda en Norteamérica, ha sido tachada por muchos como una forma de criminalización encubierta.
En un país donde más de 770 mil personas no tienen techo, el nuevo decreto de Trump ha encendido una polémica que va más allá del lenguaje político, generando en muchas organizaciones sociales preguntas como: ¿Se puede combatir la pobreza con patrullas? ¿Es posible silenciar el dolor con decretos?
El Centro Nacional para la Vivienda Saludable (NCHH, en inglés) advierte que esta orden amplía el poder policial y su carácter represivo, lo que podría traducirse en un aumento de desalojos forzados y una persecución aún más dura contra quienes ya viven al límite y en lugar de tender puentes para salir de la vulnerabilidad, la política apuesta por la fuerza y la exclusión.
Lo que realmente preocupa a los críticos es el enfoque punitivo y deshumanizante, ya que la orden ejecutiva describe las calles como espacios dominados por una “vagancia endémica”, señalando que muchas personas sin hogar son adictas o sufren enfermedades mentales. Además, acusa a los programas de subvenciones de fomentar la dependencia, insinuando que las personas sin hogar prefieren no trabajar, dejando entrever que los indigentes son una amenaza al país.
La paradoja del país más rico
Mientras se endurecen las políticas contra los más vulnerables, los números pintan un contraste brutal y así lo reveló el Informe de Riqueza 2025 de Knight Frank, el cual muestra que, sólo en Estados Unidos, más de 905.000 personas tienen entre 10 y 99 millones de dólares en patrimonio. Para ponerlo en perspectiva: acabar con la falta de vivienda costaría, en el peor de los casos, unos 30.000 millones de dólares. Eso significa que con apenas el 0,5% de la riqueza de los milmillonarios, nadie en el país debería dormir a la intemperie, y aun así, más de 770.000 personas lo hacen cada noche.
Muchos críticos advierten que se está construyendo una solución “cosmética”, sin atender las raíces estructurales del problema. No se menciona, por ejemplo, que el 13% de las personas que no poseen un hogar son veteranos de guerra que alguna vez sirvieron al país y hoy duermen en aceras frías, invisibilizados por políticas que prefieren esconderlos que atenderlos. “Este decreto no cura el problema. Lo disfraza. Lo barre bajo la alfombra, como si fuera polvo incómodo en una sala de gala antes de recibir visitas internacionales”, señala una representante del NCHH.
Estigmas y simplificaciones peligrosas
Según este decreto, los sin techo son retratados como adictos o enfermos mentales que constituyen un riesgo para la sociedad, lo cual es una etiqueta cruel muy difícil de justificar. En partes de esta orden ejecutiva se puede leer: “Casi dos tercios de las personas sin hogar reportan haber consumido regularmente drogas duras como metanfetaminas, cocaína u opioides, el Gobierno Federal y los estados han gastado decenas de miles de millones de
dólares en programas fallidos para abordar la falta de vivienda dejando a otros ciudadanos vulnerables frente a amenazas a la seguridad pública”.
Otro detalle que no se puede pasar por alto es que las familias trabajadoras que no pueden costear una vivienda digna o los que lo perdieron todo por una deuda médica, lamentablemente, también quedan atrapados en esta red de desamparo. El decreto no menciona las causas estructurales: salarios insuficientes, alquileres imposibles, un sistema de salud que a veces exige más que lo que un cuerpo puede resistir.
Sin duda, esta Orden Ejecutiva coincide con el lenguaje que Trump utilizó en la campaña electoral, quien en un video de campaña de 2023 aseveró: “Nuestras otrora grandiosas ciudades se han convertido en pesadillas insalubres e inhabitables, entregadas a las personas sin hogar”. El presidente norteamericano prometió acabar con la falta de vivienda mediante la creación de “ciudades de tiendas de campaña donde se pueda reubicar a las personas sin hogar”. Los expertos llevan años señalando que la solución a la falta de vivienda no pasa por la criminalización, sino por la inversión social como acceso a salud mental, trabajo digno, educación, tratamientos voluntarios y, sobre todo, un hogar seguro sin condiciones previas.
Programas como “Vivienda primero” fueron políticas que han demostrado que ofrecer un hogar estable reduce la reincidencia en adicciones, mejora la salud mental y facilita la reinserción laboral. Pero para Trump, esa visión suena “blanda”, ya que prefiere el discurso del castigo, del orden, del enemigo interno. Y todo indicaría que no está solo, puesto que gobernadores, tanto demócratas como republicanos, ya han empezado a replicar medidas similares en sus propios estados y desde California hasta Florida, los campamentos son desmantelados a la fuerza, y las personas obligadas a reubicarse o desaparecer.
