Josefina Clemente- La administración de Donald Trump intenta derogar una ley de la era Obama que incluye a los cuidadores de personas mayores en las protecciones de la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés). La normativa, vigente desde 2015, concede a los cuidadores las protecciones laborales que la mayoría de los demás trabajadores tienen desde 1938 y establece normas para el salario mínimo, pago de sobretiempo, entre otros beneficios.
Entre estos beneficios se incluye el derecho a ganar al menos el salario mínimo federal de 7,25 dólares por hora y a cobrar las horas extras a una tarifa equivalente a una vez y media de la normal cuando trabajan más de 40 horas a la semana.
Según un reportaje de la organización de medios independiente y sin fines de lucro National Public Radio (NPR, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos hay más de 3 millones de cuidadores, 85% de los cuales son mujeres, 27% son afroamericanos, 25% son latinos y 10% son asiáticos o isleños del Pacífico.
La posibilidad de que la ley sea derogada divide las opiniones. Para la administración Trump la ley no ha producido los beneficios previstos y, por el contrario, ha creado problemas, perjudicando a los empleadores, a los trabajadores y a las familias a las que prestan servicio, pero para los defensores de los derechos laborales eliminar las protecciones salariales alejará aún más a los trabajadores de un sector que ya registra una rotación anual de alrededor del 80%.
Para Cheryl Stanton, directora legislativa de la Asociación de Cuidados Domiciliarios de Estados Unidos entrevistada por NPR, los cambios introducidos en la ley bajo el mandato de Obama encarecen demasiado los cuidados. La organización que representa a 4300 agencias de todo el país apoya la propuesta de Trump.
“Las familias que se sacrifican para mantener a su madre en casa y los estados que destinan fondos de Medicaid a la asistencia domiciliaria tienen recursos limitados. No pueden permitirse pagar las tarifas de horas extras por la prestación de cuidados”, asegura Stanton en el reportaje.
Además, después de 2015, las agencias de asistencia domiciliaria limitaron la jornada laboral de los trabajadores a 40 horas semanales para evitar pagar horas extras lo que trajo como consecuencia que cuidadores que habían estado trabajando entre 60 y 70 horas semanales para una sola familia tuvieran que buscar un segundo empleo, agrega Stanton.
Sin embargo, para Kezia Scales, vicepresidenta de Investigación y Evaluación de la organización sin fines de lucro PHI que aboga por mejores salarios para los trabajadores del sector asistencial, no son los cuidadores quienes deberían cargar con el problema de asequibilidad sobre sus espaldas.
Para Scales la propuesta de Trump empeorará la situación de los trabajadores del sector asistencial que ni siquiera tienen un salario digno y en su mayoría dependen de algún tipo de ayuda pública. “Estamos hablando de quitarles los derechos laborales que tanto les ha costado conseguir a la mayor fuerza laboral de nuestro país, una que proporciona, como saben, algunos de los servicios más esenciales para nosotros y nuestros seres queridos”, argumenta. Si la propuesta de Trump se aprueba los cuidadores también perderán el derecho a ganar al menos el salario mínimo federal, que es de 7, 25 dólares por hora, agrega.
La profesión de cuidadores es una de las profesiones de más rápido crecimiento en el país. Según un estudio de PHI la fuerza laboral de atención domiciliaria añadirá 681 000 puestos de trabajo en la próxima década.
