Foto: Eric Robert
Raquel García Núñez- El desarrollador y candidato a la alcaldía de Greensboro, Eric Robert, continúa su cruzada para conseguir que el gobierno de la Ciudad le dé acceso a los Registros Públicos, tarea en la que no ha tenido éxito, pese a sus reiterados intentos. Faltando menos de un mes para las elecciones primarias, en las que se definirán los dos candidatos que van a la contienda final, el tema de los registros calienta el ambiente electoral.
Robert ha sido un fuerte crítico de la forma como se manejan los asuntos públicos en la alcaldía, y desde que lanzó su candidatura para liderar la ciudad a comienzos de año, sus señalamientos a la alcaldesa Nancy Vaughan han aumentado, hasta el punto que el pasado 8 de abril inició una demanda en contra la funcionaria y el Gerente General de la Ciudad, Taiwo Jaiyeoba.
En un comunicado de prensa, el diseñador y gerente de QUB Studios, anunció que introdujo una demanda civil ante el Tribunal Superior del Condado de Guilford en contra de Vaughan y Jaiyeoba que tiene como objetivo “obligar” al gobierno local a divulgar los registros públicos que él viene solicitando desde agosto del 2021 sobre el cese de las exhibiciones de armas en el Coliseo de Greensboro y la actuación de su director general, Matt Brown.
El empresario solicita al tribunal una audiencia para tratar el asunto y aspira a que se emita una orden en la se que declare que “ciertas políticas y prácticas adoptadas y seguidas por los demandados” violan la Ley de Registros Públicos.También espera un mandato judicial que requiera que Vaughan y Jaiyeoba cumplan con la mencionada ley.
Robert ha insistido que la Ciudad se excede en sus atribuciones al regular las exhibiciones de armas y que, pese a esto, ha intervenido para que estos eventos sean suspendidos en el Coliseo, lo que viola las leyes estatales porque el gobierno local no tendría potestad para decidir sobre el tema.
El candidato asegura que obtuvo algunos correos electrónicos y borradores, de al menos dos abogados de la ciudad, “explorando opiniones y sugerencias sobre cómo eludir las legislaciones estatales y federales”. Insiste que la ciudad no posee la autoridad para regular la venta de armas de fuego.
“¿Qué pasaría si mañana, la alcaldesa Nancy Vaughan y su cohorte decidieran que no les gusta la primera enmienda, qué pasaría si, de repente, dispusieran que necesitamos eliminar las enmiendas decimotercera o decimocuarta o cualquiera de las 27 para el caso?. Un intento tan obvio de eludir la Constitución de los EE. UU. establece un precedente muy peligroso para nosotros como municipio y para nosotros como país”, dijo Robert en el comunicado de prensa.
En defensa de los Registros Públicos
En la demanda, Robert señala que es propietario de Dang! News and Record, un medio de investigación de noticias locales y de opinión que cubre Carolina del Norte, el condado de Guilford y la ciudad de The North Carolina. Sobre este punto, agrega que las deliberadas obstrucciones por parte Vaughan y Jaiyeoba para que él y su equipo accedan a los Registros Públicos, frustran sus intentos de proporcionar a sus lectores y a los electores de Greensboro “información precisa, oportuna y completa que refleje las decisiones, acciones y políticas de los demandados” en relación con importantes temas que afectan a los ciudadanos.
“La Ley de Registros Públicos de Carolina del Norte establece que todo custodio de registros públicos deberá permitir que cualquier registro bajo su custodia sea inspeccionado y examinado a horas razonables y bajo supervisión razonable por cualquier persona, y deberá, tan pronto como sea posible, proporcionar copias de los mismos”, destaca el candidato a alcalde en el comunicado de prensa y en la demanda.
Robert alega que en abril de 2021 la alcaldesa “a veces en alianza con el Director del Coliseo Matt Brown, el ex Gerente Interino de la Ciudad de Greensboro Chris Wilson” y Jaiyeoba, violaron la Ley de Registros Públicos repetidamente en múltiples instancias. Las violaciones incluyen, según el candidato a alcalde: negarse a proporcionar copias de los registros con la mayor celeridad posible, negarse a permitir inspección y examen de los registros públicos, negar u ocultar existencia de registros solicitados, o redactar documentos para ocultar el contenido de un remitente/individuo específico.
También considera que la conducta de las mencionadas autoridades locales forma parte de políticas y prácticas concertadas con el fin de evitar o eludir la Ley de Registros Públicos y desalentar o intimidar a los solicitantes de información contenida en los registros.
El gerente de QUB Studios, asegura que durante meses ha estado esperando los correos electrónicos de Matt Brown y una copia que solicitó del contrato o acuerdo del Coliseo de Greensboro y el Coliseo de LJVM en Winston Salem y no ha obtenido respuesta.
En 2018, y tras un tiroteo ocurrido en Parkland High School en Florida, Vaughan abrió un debate sobre el tema en su cuenta de la red social Facebook para sugerir que no se vendieran armas en la ciudad. “No podemos prohibir la venta de armas en los límites de la ciudad, pero no tenemos que organizar una exhibición de armas en un edificio propiedad de la ciudad. Veré si tenemos la capacidad de regular lo que se vende. Si no, deberíamos cancelar el programa”, dijo. En ese momento, Tom Carruthers, abogado de la ciudad de Greensboro, indicó al Concejo Municipal que, bajo la ley estatal, no podía evitar las exhibiciones de armas. En 2020, el sucesor de Carruthers, Chuck Watts, dijo que las decisiones de programación en el Greensboro Coliseum eran competencia de su director general, Matt Brown.
Solicitud de retiro de propiedad
Recientemente, el empresario comenzó el proceso para solicitar el retiro de su propiedad comercial, ubicada en 603 S Elm Street, de los Distritos de Servicios Municipales (MSD, por sus siglas en inglés) del Downtown. “Como bien sabe, señora alcaldesa, a veces es necesario divorciarse porque existen diferencias irreconciliables”, señala en un email que envió a Vaughan en el que le solicita una audiencia para tratar el asunto del retiro de su propiedad de una manera “rápida” y “amistosa”.
Los MSD están permitidos por la legislación estatal especial aprobada en 1987 y sus ingresos fiscales adicionales se utilizan para financiar mejoras como iluminación de época, señales de entrada, paisajismo, planificación y diseño, entre otros, que generalmente mejoran el carácter histórico de los distritos y que la ciudad no suele proporcionar.
Vaughan le contestó señalándole que debe formalizar su solicitud siguiendo los pasos establecidos en el estatuto que regula este tipo de operaciones. La funcionaria le explicó que una vez recibida la solicitud, el Concejo Municipal celebrará una audiencia y si se determina que el terreno o parcela no necesita los servicios, instalaciones o funciones del distrito “en una medida demostrablemente mayor que el resto de la ciudad”, entonces procede el retiro.
En el mismo correo que envió a la alcaldesa, Robert cataloga a la actual administración de la asociación sin fines de lucro Downtown Greensboro Incorporated (DGI) como “hostil, vengativa y mal intencionada”. “La entidad continúa tomando mi dinero adicional de impuestos mientras se niega a proporcionar registros públicos de membresía, contabilidad, rendimiento y gastos”, señala. DGI enfoca su trabajo de desarrollo económico en la estimulación de la inversión y la actividad en el centro de la ciudad.
El desarrollador mantiene una controversia con los miembros de la junta directiva de la DGI, de la cual forma parte la alcaldesa Vaughan, a quienes acusa de manejar la organización de una manera poco transparente. Asegura que se han violado leyes y falsificando informes de los Registros Públicos para permitir que uno de los miembros de la junta permanezca en el cargo después de su mandato. En este caso, incluso, emplazó al Concejal Justin Outling, como abogado y candidato a alcalde, a que se pronunciara y asumiera el liderazgo en la solución del problema. También envió copia de sus reclamos a los otros miembros del Ayuntamiento. No recibió respuesta.
Una demanda, el antecedente
Robert cobró protagonismo en 2015 cuando demandó a la ciudad de Greensboro por el impago de una subvención federal que asegura le correspondía. Su representante legal en ese momento señaló que el empresario exigía el pago de $1 037 166 que la ciudad obtuvo al representar a QUB como un beneficiario previsto en los más de $6 648 500 recibidos por el gobierno local. El desarrollador señaló que la institución gubernamental utilizó su propiedad para asegurarse esos fondos y que luego se negó a pagarle su parte. En 2016, Robert y su abogado desestimaron voluntariamente la demanda.
El acceso a los Registros Públicos seguirá en el centro de la polémica en los próximos días con los llamados de atención hechos por Robert. Queda esperar si el tema trasciende la coyuntura electoral o si se mantiene en la agenda de los interesados en la aplicación de la Ley de Registros Públicos de Carolina del Norte.
