Foto: City of Greensboro
Leah Carlson- De tiempo en tiempo la frase “conflicto de intereses” salta al tapete de la discusión pública en Greensboro para calificar las actuaciones y la toma de decisiones de algunos de los funcionarios que hacen vida en el Ayuntamiento de la ciudad.
Según información en línea, el conflicto de intereses describe situaciones en las que el juicio de un individuo y la integridad de su evaluación pueden estar indebidamente influenciadas por un interés o beneficio secundario. En la función pública existe un conflicto de intereses cuando se produce una confrontación entre el interés público y los intereses privados de un funcionario.
Algunas controversias
La más reciente controversia en este sentido surgió luego que el 20 de julio de 2023 la cadena de tiendas Lidl USA rescindió su contrato de compra de un terreno perteneciente a la ciudad, ubicado en South Elm Street y East Gate City Boulevard, y el desarrollador Andy Zimmerman manifestó su intención de adquirir el lote.
En el terreno se planeaba construir un supermercado para acabar con el desierto alimentario de la zona. El plan no se ha descartado, solo se ha retrasado a la espera de que se descontamine el terreno. Los habitantes del este de Greensboro deben viajar millas para adquirir alimentos.
Zimmerman es el presidente de la junta de Downtown Greensboro Inc. (DGI), la organización que el Ayuntamiento financia para que desarrolle los planes del Business Improvement District (BID) y Zack Matheny, concejal por el Distrito 3, es el CEO de DGI. Según su sitio en línea, DGI es una organización de desarrollo económico centrada en estimular la inversión y la actividad en el centro de la ciudad.
En declaraciones al medio YES Weekly, Kay Brown, presidenta de la The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) sección Greensboro manifestó su preocupación por la posible compra del terreno y opinó que Matheny no debería participar en conversaciones sobre lo que ocurrirá con él pues se generaría un conflicto de intereses.
“Lo que estoy oyendo de mis vecinos y colegas es la preocupación de que, como se han encontrado costos inesperados, algunos concejales que votaron a favor de la venta del Lidl puedan estar pensándolo dos veces sobre la responsabilidad de la ciudad de descontaminar ese terreno. Muchos tememos que esto abra la puerta a que se hagan otros tratos, incluido uno que mantenga ese espacio como estacionamiento para el promotor inmobiliario que es presidente de la junta directiva de DGI del concejal Matheny”, dijo Brown.
Electo en 2007, Zack Matheny representó al Distrito 3 durante cuatro periodos. En 2015 fue designado CEO de DGI por lo que renunció al Ayuntamiento para “evitar cualquier conflicto de intereses percibido”. En 2022 recuperó su antiguo escaño, sin embargo, no renunció a DGI.
Durante su campaña Matheny declaró a medios locales que ni él, ni el abogado de la ciudad habían encontrado conflicto de intereses en el hecho de que mantuviera su cargo en DGI y en el Ayuntamiento y que el cambio en el entorno del servicio público de la ciudad desde 2015 hacía más aceptable servir en ambos cargos. Además dijo que de ser electo sería recusado en las sesiones sobre financiamiento de DGI.
También en agosto de 2022, el recién reelecto Matheny invitó a funcionarios de la ciudad y del condado, así como representantes de las empresas del centro a caminar por Center City Park para discutir soluciones a los “problemas creados por la creciente población de personas sin hogar que hace vida en el parque”, según reseñó el medio Rhino Times.
En este contexto, los miembros del Ayuntamiento de Greensboro debatieron exigir permisos sanitarios a los grupos que suministran alimentos a las personas sin hogar. En una de las sesiones Matheny declaró que era necesario que la ciudad exigiera responsabilidades a la “gente que cree que está prestando ayuda”.
En octubre de 2022 el Ayuntamiento de Greensboro aprobó, con el voto en contra de los cuatro concejales negros, una ordenanza municipal que, según activistas, criminaliza a las personas sin hogar. Se trata de una serie de enmiendas que regulan el uso del espacio público y el almacenamiento de objetos personales.
Aunque los activistas criticaron que Matheny opinara en la sesión de trabajo sobre este tema por considerar que había conflicto de intereses (el concejal es CEO de DGI) Matheny afirmó en una de las sesiones que: “todo el mundo debería ser igual. Merecer un trato justo y respetuoso (…) ¿Sólo la población sin hogar es la que merece un trato justo y respeto?”.
Tampoco la gestión de Yvonne Johnson como concejala ha estado exenta de controversias. En noviembre de 2019 un intercambio de palabras entre David Parrish, el gerente de la ciudad para aquel entonces, y Johnson en la sesión del Ayuntamiento violó, para algunos, la política de conflicto de intereses.
Según publicó el medio Rhino Times, Parrish se refirió a que el contrato de Cure Violence se había acordado y estaba encaminado y Johnson preguntó cuánto tiempo tardaría “porque estoy esperando para pagar un espacio”.
Este contrato de $500.000 es sólo uno de los miles que la ciudad de Greensboro tiene con organizaciones externas, pero la entidad con la que la ciudad lo firmó es One Step Further, una organización sin fines de lucro que ofrece programas de justicia y mediación juvenil y que recibe financiación municipal, dirigida por Johnson.
El Ayuntamiento había votado para recusar a Johnson de la votación sobre el contrato de Cure Violence con One Step Further debido a un conflicto de intereses. Normalmente, cuando un concejal tiene un conflicto de intereses reconocido, no puede debatir el asunto ni votar.
Más recientemente Hugh Holston, concejal at-large, fue designado director general de la organización Greensboro Housing Coalition (GHC) que también recibe financiamiento de la ciudad y el portal informativo News & Recordpublicó un editorial donde destaca la idoneidad de Holston para el cargo, pero con una salvedad. Para este medio, el concejal at-large debe renunciar a su escaño por la posibilidad cierta de un conflicto de intereses. Actualmente, un tercio del Ayuntamiento trabaja para organizaciones que reciben financiamiento municipal, reseña greensboro.com.
Las normas
El código de ordenanzas de la ciudad de Greensboro en su apartado sobre poderes y procedimientos de los funcionarios públicos establece que “todo funcionario, jefe de departamento o empleado que tenga un interés financiero, directo o indirecto, en cualquier propuesta de contrato con la ciudad o en una propuesta de venta de cualquier terreno, material, suministros o servicios a la ciudad o a un contratista que suministre a la ciudad, deberá dar a conocer dicho interés y abstenerse de votar o participar de otro modo en la celebración de dicho contrato o venta”.
También la Comisión de Ética de Carolina del Norte establece cuáles son las directrices de recusación para evitar conflictos de intereses en los funcionarios públicos. En este sentido, asegura que quienes prestan servicio público están obligados a vigilar constantemente las situaciones en las que sus intereses personales o empresariales puedan entrar en conflicto con su deber oficial de representar los intereses del público en general.
“Garantizar que las decisiones oficiales de estos funcionarios no se vean influidas por sus intereses personales o empresariales es fundamental para la democracia representativa y para su obligación con los ciudadanos de Carolina del Norte”, afirma la comisión.
Sin embargo, aclara que dado que los funcionarios públicos suelen ser miembros activos de su comunidad, no es infrecuente que se les pida que voten o participen de otro modo en asuntos que pueden afectar a sus intereses financieros o a los de sus familiares. “Aunque estos conflictos de intereses no suelen impedir que el funcionario continúe prestando sus servicios, pueden restringir su participación oficial en un asunto concreto” concluye la comisión.
