Foto: Alchetron
Francisco Machalskys- Marcando un precedente en la impartición de justicia por Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados a través de la violencia política, el fiscal general de la República de El Salvador, Rodolfo Delgado, presentó una acusación pública contra el expresidente Alfredo Cristiani junto a otras 12 personas por la llamada “Masacre de la UCA”, en la que 6 sacerdotes jesuitas (5 españoles, uno salvadoreño) y dos mujeres fueron acribillados.
“Por años (los responsables de este asesinato) fueron protegidos y no enfrentaron la justicia. Eso se terminó”, expresó Rodolfo Delgado a través de su cuenta Twitter, donde agregó un video del momento en que el escrito fue presentado ante el Juzgado Tercero de Paz de El Salvador.
Cabe recordar que de todos los responsables de este criticado hecho, sólo el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yusshy René fueron condenados en 1991 a 30 años de prisión, para luego ser liberados en 1993 tras la aprobación de una Ley de Amnistía.
A través de su acción, sin embargo, Rodolfo Delgado, recuerda a la opinión pública que los Crímenes de Lesa Humanidad no prescriben ni están sujetos a reducciones ni gracias de ningún tipo.
“Por años, tantas voces nacionales e internacionales reclamaron justicia en el caso jesuitas. Vamos a perseguir a los responsables, para lograr justicia ante estos viles asesinatos”, completó Delgado en su mensaje de Twitter.
En tal sentido, destaca el esfuerzo hecho por familiares de los 5 jesuitas españoles, quienes desde la península ibérica impulsaron un juicio en 2009. Esta acción, basada en el principio de Justicia Universal, consiguió en 2020 condenar al coronel Inocente Orlando Montano a 133 años y 4 meses de cárcel.
Por su parte, la abogada española Almudena Bernabeu, perteneciente al Centro de Justicia y Responsabilidad, quien además ha logrado la encarcelación de varios esbirros latinoamericanos conocidos por hacer de la violencia estatal un instrumento de permanencia política, afirmó en una entrevista ofrecida en 2014 que a través de documentos desclasificados y el testimonio de dos colaboradores exmilitares, se comprueba el pleno conocimiento del entonces presidente Alfredo Cristiani sobre la masacre y el modo que sería aplicada.
Como se sabe, tal suceso, acaecido el 16 de noviembre de 1989, en el marco de la Guerra Civil Salvadoreña, conmovió a la opinión pública latinoamericana y mundial, por la frialdad con la que los religiosos fueron ametrallados en pleno campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), así como su violenta connotación como medida coercitiva antimarxista, toda vez que el grupo de religiosos era conocido por teorizar dentro de la conocida doctrina de la Teología de la Liberación.
Los también llamados “Mártires de la UCA”, entre los que se contaba el padre Ignacio Ellacuría, rector de esa casa de estudios, estaban a favor de alcanzar un acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, una acción ofensiva de esa organización, que dejó un centenar de asesinados, impulsó al gobierno de Cristiani a efectuar acciones contraofensivas, entre las que se cuenta esta tristemente célebre masacre.
Junto a los sacerdotes también fueron ejecutadas una mujer y su hija, que fungían como cocineras de la universidad. El acto pretendió disfrazarse como un atentado del FMLN, colocando en el sitio un rifle AK-47 incautado días atrás, y otras evidencias “sembradas”.
Tales acciones de “limpieza política” fueron aplicadas durante el mandato presidencial de Alfredo Cristiani a través del llamado Batallón Atlácatl, grupo de choque surgido del seno de las fuerzas armadas salvadoreñas con el objetivo de neutralizar por la fuerza toda manifestación de oposición política de corte popular, a priori catalogada como “marxista” o “izquierdista”.
Imposible olvidar la semejanza de este cruento hecho con el asesinato del monseñor Oscar Arnulfo Romero, cuyas homilías en favor de los más pobres y en contra de la corrupción y la violencia política incomodaban al gobierno, y desembocaron en un atentado en su contra, en plena eucaristía, en 1980, sin que a la fecha se conozca el o los autores de su trágico deceso.
