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Leah Carlson- Los alguaciles, que normalmente dirigen las cárceles locales, están en la primera línea de decisión sobre qué hacer cuando se enfrentan a las solicitudes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) de retener a las personas encarceladas hasta dos días más para que los oficiales puedan presentarse y arrestarlas, pero cada vez más los estados están estableciendo las políticas sobre cuál debe ser el alcance de esta cooperación.
Un artículo de la organización de noticias sin fines de lucro NC Newsline analiza puntos de vista sobre la cooperación con el ICE y el alcance de esta política que en “Carolina del Norte ha sido un foco de conflicto”, según lo reseña la publicación.
NC Newsline cita el caso del alguacil Garry McFadden quien se postuló en una plataforma para limitar la cooperación con ICE cuando fue electo en el condado de Mecklenburg y quien hoy debe cumplir con las órdenes de retención debido a una ley estatal aprobada el año pasado.
Mecklenburg junto a otros condados fueron acusados por el senador estadounidense republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, en una publicación de Facebook, ahora retractada, de “proteger a inmigrantes ilegales criminales” como jurisdicciones santuario y dijo además que estaba redactando legislación federal para perseguir a estas jurisdicciones.
“No se puede decir que somos un condado santuario y tener leyes estatales que dicen que tenemos que trabajar con el ICE. No se puede tener ambas cosas”, dijo McFadden, citado por NC Newsline, y añadió que un recorte de la financiación federal pondría en peligro importantes programas de la cárcel, como el asesoramiento de violación.
La administración Trump planea castigar con recortes de fondos a las jurisdicciones que no cooperen con el ICE y añadió más presión al solicitar recientemente a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem una lista de ciudades santuario, que, según él, se enfrentarían a recortes de financiación. La administración también ha demandado a algunos estados, incluidos Colorado, Illinois y Nueva York, por sus políticas.
Según el artículo, los sheriffs conservadores de los estados controlados por demócratas también pueden sentirse frustrados por la política estatal sobre las órdenes de retención. El sheriff Lew Evangelidis del condado de Worcester, Massachusetts, dijo que ha sido criticado por liberar a prisioneros buscados por ICE, pero a veces no tiene otra opción pues una sentencia del Tribunal Supremo del estado de 2017 prohíbe retener a los presos basándose en las órdenes de retención, reseña NC Newsline.
Expertos legales coinciden en que la cooperación con el ICE es voluntaria a menos que las leyes estatales o locales digan lo contrario. NC Newsline cita al abogado general de la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte, Eddie Caldwell, quien coincide en que las órdenes de retención son voluntarias en virtud de la legislación federal.
Sin embargo, la asociación apoya un proyecto de ley estatal en estudio que exigiría no sólo la detención de 48 horas, sino también el envío de un aviso 48 horas antes de la puesta en libertad para informar al ICE de que el reloj está en marcha. La propuesta fue aprobada por la Cámara de Representantes.
A diferencia de Carolina del Norte, estados como California, Colorado y Massachusetts prohíben el cumplimiento de las órdenes de retención del ICE, basándose en el principio general de que no es motivo suficiente para retener a las personas en las cárceles cuando, por lo demás, son libres de irse debido a la libertad bajo fianza o al fin de sus causas penales, explica NC Newsline.
Otros estados como Iowa, Tennessee y Texas exigen la cooperación con las órdenes de retención y Florida exige a los sheriffs que ayuden activamente al ICE a redactar las órdenes de retención a través de acuerdos oficiales en los que las agencias locales se comprometen a ayudar a hacer cumplir las leyes de inmigración, agrega la organización de noticias.
Según expertos citados por NC Newsline, la cooperación entre alguaciles e ICE marca una gran diferencia en términos de número de detenciones pues las cárceles son el lugar más fácil para detener a inmigrantes para su deportación.
La organización cita a Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Política de Inmigración de EE.UU. del Instituto de Política Migratoria, quien en un seminario web aseguró que la mayor parte de las detenciones y deportaciones del ICE se producen en lugares donde las fuerzas de seguridad locales cooperan con el servicio de inmigración.
“Una parte cada vez menor de las detenciones y deportaciones se producen en lugares como California, donde existen limitaciones muy estrictas a la cooperación de las fuerzas de seguridad locales con el ICE”, dijo Gelatt.
También Muzaffar Chishti, abogado y experto en políticas del Migration Policy Institute citado por la organización, aseguró que el ICE está realizando unas 600 detenciones diarias de inmigrantes, el doble que durante el último año de la administración Biden. Chishti estimó que la administración actual está en camino de deportar a medio millón de personas este año y está intentando aumentar esa cifra.
