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Raquel García Núñez- La ruta a la ciudadanía emprendida por millones de inmigrantes en los Estados Unidos ha estado llena de innumerables obstáculos durante décadas. La situación no ha cambiado, y lo demuestran los dos duros golpes que ha sufrido este mes en el Congreso la reforma migratoria impulsada por la administración de Joe Biden, a través del “proceso de reconciliación”.
El denominado “proceso de reconciliación” es un instrumento legal que fue creado en la Ley de Presupuesto del Congreso de 1974 y permite al Senado aprobar un proyecto de ley con 51 votos, es decir, la mitad más uno del total. Por lo general se requiere una mayoría de 60. Con esta figura se pueden realizar cambios en el presupuesto para atender situaciones de emergencia y necesidades específicas. La ciudadanía es uno de los temas que entran dentro de los parámetros que admite la normativa.
Actualmente, el Senado tiene 50 senadores demócratas y 50 republicanos, estos últimos no apoyan los proyectos de reforma migratoria. Como no tienen los votos necesarios, los senadores demócratas decidieron no introducir los proyectos migratorios por la vía tradicional, sino que solicitaron al Senado que se incluyera la legalización de millones de inmigrantes indocumentados en el debate sobre el presupuesto 2022, es decir, en el paquete de gasto social de 3,5 billones de dólares.
Si esta propuesta era aprobada se abría una vía a la ciudadanía para los “dreamers”, jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Además, abarcaría a millones de indocumentados que han sido considerados trabajadores esenciales durante la pandemia y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
La solicitud demócrata se quedó en el camino, pues fue rechazada el 19 de septiembre por la abogada ElizabethMacDonough, quien es la persona que decide si algo cumple con las normas dentro de la Cámara Alta y lo que se puede incluir en el proyecto de ley de gastos. La parlamentaria argumentó que la recomendación de los demócratas “supera con creces el impacto presupuestario que se le atribuye y no es apropiada para su inclusión en la reconciliación”. Además, dijo que aumentaría el déficit en $140.000 millones en 10 años.
El Plan B
Ante el rechazo de MacDonough, los senadores demócratas presentaron un plan alternativo para ser incluido en el paquete de reconciliación que consistía en actualizar la Ley de Registro de 1929.
Esta ley permitió a muchos inmigrantes acceder a la residencia permanente si podían probar que entraron a Estados Unidos antes de 1921, que tenían “un buen carácter moral” y que cumplían con otros requisitos de admisibilidad y deportabilidad. El Congreso ha cambiado esa ley en cuatro ocasiones y la última fue en 1986, bajo la administración del presidente republicano Ronald Reagan. En esta última actualización se determinó que podían optar a la residencia permanente y, posteriormente, a la ciudadanía todos los inmigrantes que llegaron al país antes de 1972.
Con el Plan B los demócratas pretendían que se cambiara la fecha de entrada de inmigrantes al país al 1 de enero de 2010, lo que permitiría que al menos unos 6,7 millones de inmigrantes pudieran optar a la residencia permanente legal. Sin embargo, este 29 de septiembre MacDonough asestó el segundo golpe contra la reforma migratoria rechazando el plan alternativo de los demócratas. La abogada dijo que el Plan B constituía “un cambio político de peso” y que su análisis de este tema era “en gran medida el mismo” que el de la propuesta anterior.
El presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin (demócrata de Illinois), dijo que estaba “decepcionado” por el fallo y que esta decisión les dejaba con opciones “limitadas”.
Según la organización FWD.US, que tiene como misión reformar los sistemas de inmigración y justicia penal de Estados Unidos, desde 1985 más de 73 mil inmigrantes han obtenido una tarjeta verde a través del registro, pero el problema es que a medida que pasa el tiempo disminuye la posibilidad de cumplir con el requisito de la fecha límite de entrada, como lo demuestra la disminución del número de inmigrantes que se ajustan cada año.
Actualmente al menos 200 mil inmigrantes indocumentados viven en Carolina del Norte y llegaron a los Estados Unidos antes de 2010, lo que representa un 72% del total de personas con este estatus que viven en el estado, según datos de FWD.US.
El Plan C, la esperanza no se pierde
Versiones de la prensa local indican que los demócratas estarían trabajando en la posibilidad de solicitar un conjunto de protecciones temporales para evitar deportaciones y la posibilidad de que algunos inmigrantes soliciten tarjetas de residencia.
Esa opción concedería a los “dreamers”, a los beneficiarios del TPS, trabajadores agrícolas y de otras áreas consideradas esenciales durante la pandemia, un estatus temporal conocido como libertad condicional que podría tener una duración de 10 años. Estos inmigrantes no podrían ser deportados y también tendrían la posibilidad de obtener una tarjeta verde (tarjeta de residencia) a través de un familiar directo estadounidense.
Las negativas del Senado a aprobar la reforma migratoria de Biden chocan con las opiniones de quienes creen en los beneficios económicos que reportaría para el país la legalización de indocumentados, no solo en materia de impuestos, sino en la creación de nuevas empresas y generación de empleo.
En Carolina del Norte el poder adquisitivo de la comunidad inmigrante en su conjunto es cercano a los $6 billones. Además, pagan más de $1 billón en impuestos federales y más de medio billón en impuestos estatales y locales, de acuerdo a datos publicados por El Colectivo NC.
