Foto: Maxi Benbassat
Francisco Machalskys- Con fecha del pasado 30 de junio, el Tribunal Supremo falló a favor del presidente Joe Biden al declarar que estaría en potestad de derogar el muy criticado Protocolo de Protección a Migrantes (PPM, por sus siglas traducidas al español), mejor conocido como la Ley “Quédate en México” (Remain in Mexico, en inglés).
Calificada de inhumana, excluyente y peligrosa, tal resolución legal fue heredada de la administración Trump que, el 25 de enero de 2019, acordó su ejecución con el apoyo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Con la rúbrica de ambos mandatarios, quedó establecido que las personas no mexicanas solicitantes de asilo en Estados Unidos y que ingresaran por la frontera suroeste colindante con México, fueran devueltas a territorio azteca, a esperar en campamentos temporales por las audiencias de las cortes migratorias estadounidenses.
La medida fue impuesta por Donald Trump, conocido por sus posiciones extremas en cuanto al derecho humano a la migración, ilegal e incluso legal, para evitar que solicitantes de asilo permanecieran años en suelo estadounidense sin documentación mientras esperaban sentencia de las cortes migratorias, que pueden tardar años.
Como parte de sus efectos inmediatos, “Quédate en México” impidió desde su creación que unos 70 mil solicitantes lograran traspasar los límites de la Unión norteamericana. Con ellos, unos 16 mil niños y niñas que vinieron acompañados de sus progenitores se vieron afectados, aunque los menores que ingresaron solos no sufrieron restricciones.
Cabe destacar que, aun cuando la ley federal estadounidense otorga el derecho a pedir asilo dentro de sus límites, las autoridades que aprobaron la sanción de “Quédate en México” durante la administración Trump alegaron que muchos de los solicitantes presentan falsos argumentos a la hora de mostrarse como candidatos a la figura de asilo.
Así, esta decisión del máximo tribunal del país lleva a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a, finalmente, dar finiquito al ya mencionado programa, que el presidente Biden podrá suprimir definitivamente en el corto plazo.
Tal derogación fue una promesa del presidente Biden a los pocos días de asumir su investidura como primer mandatario nacional. Su ofrecimiento, sin embargo, se vio eclipsado en dos ocasiones por jueces de Texas y Missouri, quienes alegaron en su oportunidad que el DHS no había dado seguimiento al proceso en forma debida.
En este sentido cabe recordar que el 1 de junio de 2021, Mayorkas determinó que el PPM debía ser cancelado y emitió un memorándum a tal efecto. Sin embargo, el 13 de agosto de ese mismo año, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas estableció que dicho memorándum no había sido emitido de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y ordenó al DHS “hacer cumplir e implementar PPM de buena fe”, según información publicada en el sitio Web del DHS.
En el fallo del 13 de agosto del juez de distrito federal Matthew Kacsmaryk, de Amarillo, Texas (nominado por el expresidente Donald Trump) se establecía que las leyes de inmigración requerían que quienes buscaban asilo debían regresar a México, cuando el gobierno federal estadounidense carecía de los recursos para mantenerlos en su territorio. Además, según Kacsmaryk, el gobierno de Joe Biden no consideró los “beneficios del programa” como, por ejemplo, disuadir la llegada de migrantes a la frontera con México.
El 29 de octubre de 2021, tras de una evaluación extensa y exhaustiva, el DHS emitió un nuevo memorándum que cancelaba el programa PPM. Sin embargo, hasta la emisión de una decisión judicial final para anular la orden del tribunal de Texas, el DHS debía continuar su implementación y cumplimiento “de buena fe”.
Con la nueva decisión de este 30 de junio, en el corto plazo la administración Biden podría poner fin a la aplicación del programa en la frontera y dar finalmente acceso a unas 5 mil personas. Sin embargo, las cortes texanas dicen que seguirán aplicando la medida mientras no reciban la orden definitiva, firmada y sellada por Mayorkas.
Según lo expuesto en su página web, la organización Human Rights Watch (HRW) asegura que las personas solicitantes de asilo, en su mayoría ciudadanos nicaragüenses, fueron enviadas a zonas peligrosas de México, destacando tristemente un campamento improvisado en Matamoros, estado de Tamaulipas, que con la “asignación” masiva de migrantes sufrió en 2019 una crisis humanitaria que terminó con su consecuente desmantelamiento el 25 de febrero de 2021.
Asimismo, los solicitantes de asilo devueltos a México corren el riesgo de ser objeto de secuestro, violación, extorsión, y sufrir vulneraciones en su derecho a la salud.
La derogación de esta medida da, si se quiere, un respiro al ala demócrata, que por estos días se vio golpeada por dos reveses en materia de conquistas legales, como lo fue el rechazo al ya aprobado derecho al aborto, que pasa de alcance federal a consideración estatal, así como la negativa a adoptar los protocolos de Protección Ambiental (EPA) tocantes a la regulación de gases que contribuyen a incrementar el llamado efecto invernadero.
