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Leah Carlson- Según datos de la American Community Survey(ACS) de la Oficina del Censo de Estados Unidos (USCB por sus siglas en inglés), hay más de 408.000 estudiantes indocumentados inscritos en instituciones de educación superior lo que representa alrededor del 1,9 por ciento de todos los alumnos postsecundarios.
Además, alrededor de una tercera parte de los estudiantes indocumentados, 141.000 personas, forman parte de la iniciativa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o son elegibles para DACA, lo que representa el 0,7% de todo el alumnado.
Una publicación de la organización American Immigration Council, asegura que la mayoría de los estudiantes indocumentados que cursan estudios postsecundarios en Estados Unidos no tienen DACA, aunque tres de cada cuatro llegaron a Estados Unidos a una edad temprana.
Según información del sitio oficial usa.gov.es., DACA es una política migratoria que retrasa la deportación de las personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y no tienen documentación o un estatus legal oficial y la protección que ofrece DACA es temporal y no se aplica de forma automática.
Estos estudiantes indocumentados representan una población heterogénea en la enseñanza superior. El 46% son hispanos, el 27% son AAPI (Asian American Pacific Islander), cerca del 14% son negros y el 10% son blancos, asegura la organización.
Para la plataforma The Higher Ed Immigration Portal (the Portal) esta cifra destaca la importancia de los estudiantes de origen inmigrante en las aulas y en la mano de obra. “En su búsqueda de la educación superior, los estudiantes indocumentados se preparan activamente para cubrir la escasez vital de destrezas y para estar mejor posicionados para apoyar a sus familias, comunidades y a la economía de Estados Unidos” señala.
Aún más, un artículo publicado por Inmigration Impact subraya que en un momento en el que muchos estados se enfrentan a una grave escasez de trabajadores sanitarios y de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), las tendencias de inscripción en la educación superior de los estudiantes indocumentados en las universidades estadounidenses son dignas de mención.
“En 2021, el 33,6% de los estudiantes de posgrado indocumentados y el 37,1% de los estudiantes de posgrado elegibles para DACA tenían una formación STEM. Alrededor del 23% de los indocumentados y el 30,5% de los estudiantes de posgrado elegibles para DACA se especializaron en campos relacionados con la salud”, asegura la publicación.
Obstáculos en el camino
Sin embargo, los estudiantes indocumentados se enfrentan a menudo a obstáculos como la imposibilidad de acceder a las ayudas económicas federales y al pago de matrículas estatales que permiten que quienes viven en un estado accedan a una tarifa reducida para pagar la universidad.
El artículo cita un análisis realizado por Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration (PAHEI, por sus siglas en inglés) que encontró que sólo 24 estados ofrecen matrícula estatal a los estudiantes indocumentados elegibles, y solo 18 proporcionan ayuda financiera estatal.
Carolina del Norte
Según datos del American Immigration Council, citados por The Higher Ed Immigration Portal, solo en Carolina del Norte el poder adquisitivo de los residentes elegibles para DACA es de $532,6 millones y su contribución fiscal federal es de $76,7 millones. Asimismo, sus contribuciones fiscales estatales y locales ascienden a los $62,3 millones
Sin embargo, aunque el estado está considerando una legislación que ampliaría el acceso a la matrícula estatal de los estudiantes DACA en la Universidad de Carolina del Norte y los community colleges del estado, las políticas estatales prohíben expresamente el acceso a la matrícula estatal. Más aún, Carolina del Norte requiere que los estudiantes indocumentados del estado, incluidos los beneficiarios de DACA, paguen la matrícula para no residentes.
Esta política establece que los estudiantes que viven en un estado pagan el nivel de matrícula para residentes en una universidad estatal, pero si un estudiante de otro estado desea asistir a la misma institución de educación superior, paga más matrícula. El costo para no residentes puede ser más del doble o el triple de lo que pagan los estudiantes residentes.
La medida se aplica en las 16 universidades públicas del estado y la Escuela de Ciencias y Matemáticas de Carolina del Norte. También el Código Administrativo de la Junta Estatal de los Community Colleges del estado exige que los estudiantes indocumentados paguen la matrícula correspondiente a quienes viven fuera del estado.
La organización Our Turn que aboga por el acceso a la matrícula estatal para estudiantes indocumentados de Carolina del Norte critica que el estado niegue esta posibilidad. “A pesar de que han crecido en Carolina del Norte, han asistido a escuelas secundarias de Carolina del Norte y quieren perseguir sus sueños de educación superior dentro del estado y contribuir a la economía local, no se les ofrecen las mismas oportunidades que a sus compañeros documentados”, se lee en su sitio en línea.
Esta organización, junto a más de 50 estudiantes activistas y aliados de toda Carolina del Norte, se reunieron en abril en Raleigh con más de 30 legisladores para abogar por un proyecto de ley que ofrezca una matrícula justa para los estudiantes indocumentados.
“Con 3.000 estudiantes indocumentados que se gradúan cada año en las escuelas públicas de Carolina del Norte, la asequibilidad es una barrera importante para la prosperidad académica y económica en el estado, y este proyecto de ley cerraría esa brecha al ofrecer matrícula estatal a los estudiantes indocumentados”, declaró para la ocasión la gerente de Our Turn Carolina del Norte, Iqra Tabassum, en una nota de la organización EdNC.
También la organización the Portal clasifica a Carolina del Norte como un estado Restrictivo en términos de matrícula estatal inclusiva y políticas de ayuda financiera estatal para estudiantes indocumentados.
Según una publicación del American Immigration Council, el acceso a la matrícula estatal para estudiantes indocumentados se traduciría en una reducción de las tasas de abandono escolar, un aumento de la matrícula universitaria, un mayor rendimiento de los estudiantes y una mayor contribución económica. “Recibir una credencial postsecundaria o asistir a alguna universidad aumenta el potencial de ingresos, ya que los graduados universitarios obtienen mayores ingresos y experimentan menores tasas de desempleo”, sostiene la organización.
Finalmente, ampliar este acceso reforzaría los esfuerzos de recuperación económica de los estados. “En 2021, los hogares encabezados por personas indocumentadas contribuyeron con $30.800 millones en impuestos totales, incluidos $18.600 millones en impuestos federales sobre la renta y 12.200 millones de dólares en impuestos estatales y locales”, subraya el documento.
