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Leah Carlson – En mayo, el Senado de Carolina del Norte aprobó el proyecto de ley HB 823 que financia el programa de vouchers para estudiar en escuelas privadas. Esta medida es considerada como un nuevo revés en la lucha de décadas por lograr que el estado de Carolina del Norte cumpla con “la obligación constitucional de brindar una educación sólida para los niños de Carolina del Norte”, tal como lo estipula el Plan Leandro, hoy en día amenazado por el Tribunal Supremo de Carolina del Norte.
El objetivo del Plan Correctivo Integral, como se conoce en los tribunales al Plan Leandro, es abordar las necesidades críticas del sistema escolar público de Carolina del Norte, con profesores y directores calificados y de origen diverso en todas las escuelas, a los que se apoye con formación y desarrollo profesional con financiación escolar adecuada y equitativa e inversión en programas de educación temprana de alta calidad.
Sin embargo, durante 30 años, los tribunales han dictaminado sistemáticamente, en el marco del caso Leandro vs. el estado, que el estado incumple su obligación de proporcionar escuelas públicas que cumplan los niveles mínimos exigidos por la constitución a los 1,5 millones de alumnos del estado. El Tribunal Supremo del Estado confirmó recientemente esta opinión en noviembre de 2022.
Actualmente, el cambio hacia una mayoría republicana en el Tribunal Supremo de Carolina del Norte ha detenido el plan y ha permitido revisarlo. La amenaza al Plan Leandro corre el riesgo de marginar aún más a los estudiantes rurales y empobrecidos de todo el estado, según expertos.
Por su parte, el HB 823 aprueba la financiación de becas para los aproximadamente 54.800 solicitantes en la lista de espera para Becas de Oportunidad. Cada beca alcanza entre $3.360 y $7.468 anuales. El proyecto destina 96 millones de dólares a familias de clase media y trabajadora, 107 millones de dólares a familias de clase alta y 39 millones de dólares a familias ricas.
Para Jared Robinson, ejecutivo senior de la organización activista RALLY, es cuestionable que se asignen aproximadamente 526 millones de dólares para vouchers financiados por los contribuyentes a las escuelas privadas para el año fiscal 2024-25, “en un momento en que 300 millones de dólares podrían evitar el cierre de proveedores de cuidado infantil en todo nuestro estado”.
Por su parte, Matt Ellinwood, director del Proyecto Educación y Leyes de la organización North Carolina Justice Center, a través de una serie de datos pone de relieve la gravedad de asignar dólares financiados por los contribuyentes a vouchers para las escuelas privadas, en un contexto en el que el gasto total en educación como porcentaje de la economía estatal de Carolina del Norte ha caído del puesto 42 en 2008 al 50 en 2022.
Según cifras citadas por Ellinwood, el hogar promedio de Carolina del Norte con un niño en una escuela privada gana casi el doble que el hogar típico de Carolina del Norte. “El único programa de educación con aumentos automáticos de financiación son los vouchers escolares privados que financian el sector de las escuelas privadas. La financiación de los vales escolares privados ya está programada para aumentar un 78% en los próximos nueve años”.
Ellinwood detalla que con relación a 2008-2009, la financiación estatal por estudiante en la actualidad ha bajado un 3,8%, cuando se ajusta por la inflación escolar. También, el salario promedio de los profesores de Carolina del Norte era un 11% inferior al promedio de EE.UU. hace 15 años y ahora está un 19% por debajo. Asimismo, en 2008-2009 el gasto promedio nacional por alumno era un 18% más alto que el gasto por alumno en Carolina del Norte. Ahora el promedio nacional es un 24% más alto que el del estado.
Para Ellinwood si Carolina del Norte hubiera aumentado su esfuerzo de financiación al promedio nacional, el gasto del año fiscal 2021-22 habría sido de 6.800 millones de dólares (46%) por encima de los niveles actuales.
El experto asegura que estos déficits de financiamiento se reflejan en la escasez de enfermeras, consejeros, terapeutas y conductores de autobús en todo el estado, junto con entornos de aprendizaje inseguros causados por el moho, el plomo en el agua potable y los problemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
“Pero la consecuencia más preocupante es el elevado número de profesores que abandonan la profesión y la escasez de licenciados universitarios que optan por la docencia como carrera profesional, lo que provoca un aumento vertiginoso del número de vacantes de profesorado”, puntualiza.
Esto es corroborado en un artículo de Kris Nordstrom, analista político senior del Proyecto Educación y Leyes del North Carolina Justice Center, en el que se asegura que en 2023 la falta de profesores “había alcanzado máximos históricos que exigían una respuesta drástica por parte de los legisladores que nunca llegó”.
Nordstrom agrega que el problema de la falta de profesores ha empeorado, “no sólo 1 de cada 18 aulas carecía de un profesor titulado, sino que los distritos que atendían a la mayor proporción de estudiantes negros y de familias con bajos ingresos se enfrentaban a la mayor escasez”.
El experto cita datos que aseguran que en el día 40 del año escolar 2023-24, había 6.006 puestos vacantes en las aulas, superando en un 18% el récord del año anterior. “Estas vacantes siguen estando relacionadas con la demografía del distrito. Los distritos con más alumnos de familias con bajos ingresos y los distritos con más alumnos negros tienden a experimentar mayores tasas de vacantes de profesores”, asegura Nordstrom.
Además, según datos citados por el analista si el H8 23 se convierte en ley, alrededor del 75% de los 127.000 estudiantes de escuelas privadas de Carolina del Norte recibirán vales para subvencionar su matrícula.
“Se trata ya de un grupo desproporcionadamente rico. La familia media de Carolina del Norte con un hijo en un colegio privado gana casi el doble que la familia típica de Carolina del Norte. Estas familias no están en absoluto en necesidad de otro apoyo en forma de pagos de vouchers”, puntualiza en el artículo.
Para Ellinwood la ruta a seguir por Carolina del Norte es la implementación del Plan Correctivo Integral “que está en riesgo de ser anulado por el Tribunal Supremo del estado y que la legislatura estatal se ha negado a financiar” y cuya puesta en marcha es particularmente importante para los estudiantes de inglés como lengua extranjera, que han sido reconocidos en el curso de las decisiones Leandro como el grupo con mayor riesgo de perder las oportunidades educativas que la constitución establece.
“Se trata de recursos fundamentales que representan el mínimo constitucional de lo que debemos hacer por nuestros niños. Independientemente de lo que decida el Tribunal Supremo de Carolina del Norte en su próximo fallo, la legislatura debe actuar para proporcionar a las escuelas los recursos necesarios para defender el derecho constitucional de los niños a las oportunidades educativas”, puntualiza.
