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Alexis Quintar- En medio de un creciente debate sobre los derechos de las personas sin hogar, los esfuerzos legislativos de algunos estados y ciudades de Estados Unidos para proteger a este grupo, se enfrentan a barreras y conflictos con los intereses de los residentes y dueños de negocios locales. La representante estatal demócrata Emily Dievendorf propuso una declaración de derechos para los habitantes sin hogar en Michigan, buscando garantizar libertades básicas como el movimiento libre en espacios públicos y el acceso a atención médica de emergencia. Sin embargo, la ironía se hizo evidente cuando un votante sin hogar, que asesoraba sobre la medida, fue rechazado en el Capitolio estatal por no tener una identificación con foto.
“Como sociedad, tenemos que admitir que a las personas que están pasando apuros y no tienen un techo sobre sus cabezas les lleva tiempo estabilizarse mientras esperan que surjan oportunidades de vivienda”, expresó Dievendorf. Conjuntamente, la representante demócrata añadió: “Este proyecto de ley trata sobre una base de humanidad y respeto”. Michigan no está solo en este enfoque, ya que Connecticut, Illinois y Rhode Island ya tienen medidas similares y, la ciudad de Nueva York se convirtió el verano pasado en la primera en aprobar una declaración de derechos para personas sin hogar, incluyendo el derecho a la vivienda y al voto.
Sin embargo, estas leyes a menudo se ven socavadas o ignoradas, como señalan los defensores de las personas sin hogar. Asimismo, algunos lugares han adoptado medidas más duras, como prohibiciones estatales de acampar en propiedad pública, impulsadas por la preocupación por los efectos negativos de los campamentos a largo plazo. Esta tensión entre proteger los derechos de las personas sin hogar y las preocupaciones de las comunidades locales está en un punto crítico. Los informes muestran un aumento del número de personas sin hogar y, los esfuerzos para abordar esta problemática varían desde enfoques legislativos hasta la criminalización de la falta de vivienda.
El enfoque hacia la escasez habitacional y los campamentos de personas sin hogar ha llevado a un aumento significativo en medidas estatales y locales en varios estados. En los últimos dos años, Missouri, Tennessee y Texas aprobaron prohibiciones estatales de acampar en propiedad pública, aunque la ley en Missouri fue anulada recientemente por cuestiones técnicas.
En Georgia, una nueva legislación está imponiendo a ciudades y condados la aplicación de prohibiciones existentes de acampar en público. Además, está destinando recursos hacia viviendas de transición que ofrecen tratamiento contra drogas, promoviendo la creación de zonas de acampada autorizadas y solicitando una auditoría de desempeño en los programas para personas sin hogar. Ciudades como San Diego y Portland, Oregón, han intensificado recientemente sus restricciones para acampar, uniéndose a otras, incluyendo Albuquerque, Honolulu, Las Vegas, Milwaukee, St. Paul y Seattle, al solicitar a la Corte Suprema de Estados Unidos una mayor autoridad para desmantelar campamentos de personas sin hogar.
“La fricción en muchas comunidades afectadas por la falta de vivienda está en un punto crítico. A pesar de las inyecciones masivas de recursos públicos, las empresas y los residentes están sufriendo los efectos cada vez más negativos de las acampadas urbanas a largo plazo”, manifestaron estas ciudades en un comunicado amicus curiae en apoyo de Grants Pass, Oregón.
La tensión entre comunidades y residentes afectados por la falta de vivienda se ha vuelto crítica. Recientes acciones legales, como el apoyo de varias ciudades a Grants Pass, Oregón, están generando controversia. Tres residentes sin vivienda demandaron a la ciudad argumentando que no deberían ser castigados por dormir en público cuando no tienen otro lugar a donde ir. Este caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, que decidirá si acepta el caso este mes.
Pese a que las inversiones en recursos públicos, las consecuencias negativas de los campamentos urbanos a largo plazo, como grandes cantidades de basura, desechos humanos y riesgos para la salud, continúan siendo un desafío para empresas y residentes. Grants Pass busca apelar un fallo del tribunal de distrito de 2020 que considera inconstitucionales sus regulaciones hacia las personas sin hogar, lo que plantea importantes interrogantes sobre la regulación de esta problemática y sus implicaciones legales a nivel nacional.
Los defensores sostienen que las políticas que criminalizan la falta de vivienda solo agravan el problema y dificultan la recuperación de las personas sin hogar, argumentando que la solución radica en proporcionar más viviendas y servicios de salud mental, en lugar de fuertes medidas disciplinarias. El debate sobre los derechos de las personas sin hogar continúa, mientras los legisladores y comunidades buscan encontrar un equilibrio entre los derechos humanos básicos y las preocupaciones locales en un momento en que la falta de vivienda sigue siendo un desafío persistente en todo el país.
“Criminalización” de la falta de vivienda: ¿Un callejón sin salida?
El número de personas sin hogar ha sido un tema candente en los últimos años, y un recuento reciente del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. revela una realidad preocupante. En enero de 2023, aproximadamente 653,100 personas se encontraron sin un lugar seguro para llamar hogar, un 12% más que el año anterior. Estos datos reflejan un incremento significativo y alarmante.
La situación se ha agravado desde la pandemia de COVID-19, pero la lucha contra la falta de vivienda no es nueva. Entre 2006 y 2019, se observó un aumento dramático en prohibiciones relacionadas con personas sin hogar, que van desde acampar, sentarse o acostarse en espacios públicos, hasta mendigar o vivir en vehículos. Estos datos del Centro Nacional de Leyes para Personas sin Hogar indican una realidad desalentadora.
Este crecimiento también ha dado lugar a un incremento del 1.300% en campamentos de personas sin hogar, con una representación desproporcionada de personas de color en esta situación. Incluso en estados con declaraciones de derechos para personas sin hogar, como Rhode Island, los defensores afirman que las autoridades a menudo hacen caso omiso de la ley al tratar de alejar a las personas sin hogar de las calles.
Juan Espinoza, de la Coalición de Rhode Island para Acabar con las Personas sin Hogar, destaca que una ley sin aplicación carece de fuerza, especialmente cuando las personas que deberían beneficiarse no conocen sus derechos gracias a la falta de un hogar estable. “Una ley (de declaración de derechos) sin aplicación no tiene fuerza. Es especialmente peligroso cuando las personas que se supone deben beneficiarse de la ley están desconectadas y desconocen los derechos que pueden tener, simplemente porque carecen de un hogar estable”, indicó Espinoza.
Grupos de defensa, como el Centro Nacional de Leyes sobre Personas sin Hogar, advierten que las políticas estatales y locales que criminalizan la falta de vivienda empeoran el problema. Arrestos, multas y consecuencias colaterales de condenas penales hacen que sea aún más complicado para las personas sin hogar salir de esta situación.
Steve Berg, de la Alianza Nacional para Acabar con las Personas sin Hogar, expresó su preocupación ante posibles enfoques punitivos. Se teme que la criminalización y las multas no resuelvan la falta de vivienda y, en cambio, agraven la situación. Berg y otros defensores abogan por más viviendas y servicios de salud mental y adicciones para abordar las causas fundamentales de la falta de vivienda.
En un momento en que la falta de vivienda sigue siendo un desafío apremiante, la cuestión de la criminalización de las personas sin hogar plantea interrogantes éticos y legales. Mientras algunas ciudades y estados implementan políticas más duras, los defensores insisten en que la verdadera solución radica en la empatía, el apoyo y la creación de oportunidades para aquellos que luchan contra esta dura realidad.
