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Raquel García Núñez- La muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis, Minnesota, como consecuencia de una acción policial agresiva y desmedida, se convirtió en otro hito en la lucha por frenar los numerosos abusos de los agentes del orden en contra de afroamericanos y otras comunidades en situación de minoría. Este hecho puso de nuevo las miradas en los departamentos de policía de todo el país, en su personal, en sus procedimientos y protocolos.
Los excesos policiales en contra de los afroamericanos son de larga data, y cada cierto tiempo ocurre un caso emblemático que remueve las heridas de las víctimas, sus familias y la propia sociedad estadounidense. Sin embargo, el caso de Floyd logró una visibilidad inusitada gracias al uso de la tecnología y las redes sociales.
El video de un testigo que muestra a Floyd boca abajo en el asfalto y diciendo que no podía respirar, mientras el oficial Derek Chauvin le presiona su cuello con la rodilla, no solo causó indignación en todo el país, sino que fue el detonante para que se desatara una ola de multitudinarias protestas en muchas ciudades de Estados Unidos y el mundo. Además, dio un nuevo impulso al movimiento Black Lives Matter creado en 2013 tras la muerte del joven afroamericano Trayvon Martin en Florida.
Carolina del Norte tomó nota
Tras las protestas en Raleigh por la muerte de Floyd el año pasado, el mandatario de Carolina del Norte, Roy Cooper, formó el Grupo de Trabajo del Gobernador para la Equidad Racial en la Justicia Penal (TREC, por sus siglas en inglés) con el fin de analizar las responsabilidades de la policía y encontrar fórmulas que promuevan un trato justo a sectores de la población, que han sido golpeados por los excesos de las fuerzas del orden.
Muchas de las recomendaciones de este grupo fueron tomadas en cuenta por los legisladores republicanos y demócratas, para trabajar en varios proyectos de ley que tratan aspectos importantes reclamados por la ciudadanía. Los Proyectos de ley que fueron firmados el pasado 2 de septiembre por el gobernador demócrata Cooper fueron el HB 436 (“Apoyo a la Salud Mental de las Fuerzas de Seguridad”), el HB 536 (“Deber de Intervenir de las Fuerzas de Seguridad”) y el SB 300 (“Reforma de la Justicia Penal”.)
“Hemos visto que el sistema de justicia penal no siempre trata a todos por igual, y con demasiada frecuencia las personas de color sienten las diferencias de manera desproporcionada. Esta legislación nos llevará un paso más hacia una Carolina del Norte más equitativa y justa para todos”, dijo el gobernador Cooper en el acto donde firmó los tres proyectos de ley mencionados.
Por su parte el organizador de Emancipate NC, Kerwin Pittman, quien es el representante de los afectados por la justicia en el TREC, agradeció el apoyo bipartidista en el desarrollo de estos instrumentos legales. “Estos proyectos, que están programados para ser firmados en la ley, no son el fin de todo, pero sí lo son para reimaginar la seguridad pública en el estado de Carolina del Norte y la creación de un sistema más equitativo (…) La lucha continúa.”, expresó Pittman quien acompañó al gobernador Cooper en el acto de la firma.
El alguacil Ed McMahon, presidente Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte (NCSA, por sus siglas en inglés), celebró la aprobación de las reformas al sistema de justicia penal y agradeció que se tomaran en cuenta las sugerencias que este sector viene haciendo desde el año pasado. “Aprecio la oportunidad de que los alguaciles de Carolina del Norte sean involucrados en conversaciones y esfuerzos legislativos para mejorar la profesión de aplicación de la ley y ver las recomendaciones de la Asociación escuchadas e incorporadas en una pieza legislativa tan transformadora”, declaró McMahon.
Las reformas
En el proyecto de ley SB 300 (“Reforma de la Justicia Penal”), que fue el más largo y debatido entre los legisladores, se establece que será obligatorio que los agentes del orden tengan formación en ética, salud mental, vigilancia comunitaria, sensibilidad a las minorías, uso de la fuerza y el deber de intervenir y denunciar.
Las huellas dactilares de los funcionarios policiales deberán ingresar en bases de datos estatales y federales. Mientras que las agencias de aplicación de la ley para las que trabajan estarán autorizadas a participar en los sistemas de verificación de antecedentes penales del FBI.
La Oficina de Investigaciones del Estado estará obligada a investigar las muertes por uso de la fuerza por parte de los uniformados, además de los fallecimientos de personas encarceladas, si así lo solicita el gobernador, el jefe de una agencia de aplicación de la ley, un fiscal de distrito o el comisionado de prisiones.
El proyecto también establece la creación de una base de datos pública que permita identificar si la certificación de algún oficial está suspendida o revocada.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deberán crear un sistema que controle las acciones de los agentes que incluyen el uso de la fuerza, las quejas de los ciudadanos, el uso de armas de fuego y las colisiones de vehículos.
También se establece un cronograma para que las familias de las personas involucradas en incidentes policiales graves accedan a las imágenes sin edición de las cámaras corporales de los policías.
De acuerdo con el senador republicano Danny Britt (Columbus), principal proponente del SB 300, las reformas aprobadas benefician y ofrecen mayores garantías tanto a las fuerzas del orden como al público.
En el proyecto de ley HB 436 se hace énfasis en el aspecto psicológico del policía. En este sentido, se establecería un examen de detección psicológica antes de concretar el empleo; se educaría a los agentes sobre cómo mantener una buena salud mental y se dispondrían los recursos necesarios para que todos conozcan las herramientas de salud mental disponibles.
En el HB 536 de la Cámara de Representantes quedó establecido que los agentes del orden intervengan y denuncien el uso excesivo de la fuerza por parte de un compañero. De igual modo se exigirá que el Índice Nacional de Descertificación (NDI, por sus siglas en inglés) sea revisado como parte de la certificación de los oficiales del orden. El NDI funciona como un registro nacional de acciones de revocación de certificados o licencias relacionadas con la mala conducta de los oficiales.
Queda un largo camino por delante
Aunque las reformas propuestas en los proyectos de ley mencionados son un avance en la lucha por la equidad judicial, no son suficientes y en esto están de acuerdo el gobernador del estado, los legisladores y todos los que participaron el TREC.
Cooper admitió que muchas recomendaciones del grupo de trabajo quedaron fuera de la legislación y que en el futuro deben someterse al debate para que sean incluidas. En este sentido, destacó la sugerencia de hacer públicas las imágenes de las cámaras corporales de los oficiales. “Creo que debería existir la presunción de que este metraje (imágenes de video) sea público. Actualmente la ley no lo establece de esta manera. Es una mejora que tenemos que hacer”, señaló el mandatario.
La abogada Dawn Blagrove, directora ejecutiva de Emancipate NC, dijo que queda pendiente trabajar sobre la excesiva discrecionalidad de los fiscales de distrito para decidir si un oficial es procesado después de un incidente. “Tenemos que abordar la posibilidad de quitarles gran parte de ese poder a los fiscales de distrito y ponerlo en manos de nuestros gobernadores o de nuestro fiscal general estatal”, comentó.
Otro punto en el que se debe avanzar, según Blagrove, es en hacer públicas las bases de datos creadas en los proyectos de ley firmados por Cooper. “Si bien es bueno y es un paso en la dirección correcta que estemos recopilando algunos de estos datos muy importantes sobre las agencias de aplicación de la ley, el hecho de que eso sea todavía blindado y protegido suele ser problemático”, dijo la abogada.
Los proyectos firmados por Cooper, y que podrían convertirse en leyes efectivas, abren la posibilidad a que algún día el sistema de justicia penal en Carolina del Norte sea más justo, y lo será en la medida que se escuchen las voces de todos los sectores involucrados, incluidas las opiniones de quienes han sido víctimas de abuso policial.
