Foto: Archivo
Maxi Benbassat- A comienzos de noviembre, en un crucial fallo, la Corte Suprema de Carolina del Norte ordenó a la legislatura asignar los fondos necesarios para que los niños de las escuelas públicas del estado disfruten del derecho constitucional a una “educación básica sólida”. Esto había quedado establecido en la sentencia del Plan Leandro, ordenada hace más de un cuarto de siglo por este máximo tribunal estatal e ignorada, desde entonces, por la Asamblea General del estado.
Cabe recordar que la demanda del caso conocido como “Leandro” fue presentada en 1994 por los distritos escolares de bajos recursos para conseguir más financiación estatal. En 1997 la Corte Suprema estatal falló a favor de los demandantes. El Plan implica una mayor inversión pública en educación y recibe su nombre de una de las familias que inicialmente formaban parte de la demanda.
La nueva decisión del máximo tribunal estatal en este emblemático caso, quedó 4 a 3 a favor de que la legislatura estatal destine 1.750 millones de dólares a la financiación de las escuelas públicas. El juez Robin Hudson, demócrata, escribió la opinión mayoritaria y el juez Phil Berger Jr., republicano, redactó la opinión disidente.
“Si este tribunal quiere cumplir con sus propias obligaciones constitucionales, no puede seguir esperando pacientemente el día, el año o la década en que el estado actúe y asuma su deber constitucional de ‘guardar y mantener’ los derechos constitucionales de los escolares de Carolina del Norte”, escribió el juez Hudson.
El fallo fue recibido con beneplácito por analistas, políticos y funcionarios demócratas. En este sentido, el líder del Senado, Dan Blue, de Raleigh, calificó la sentencia como una victoria para los niños del estado. “La decisión de hoy de #Leandro es un sólido paso adelante para reparar un sistema fracturado y proteger el derecho constitucional de nuestros niños a una educación básica sólida”, publicó Blue en su cuenta de la red social Twitter.
También el fiscal general, Josh Stein, tuiteó que la decisión era una victoria para los estudiantes de Carolina del Norte y el futuro. “Ya es hora de que Carolina del Norte financie adecuadamente nuestras escuelas para que los graduados de la escuela secundaria de Carolina del Norte estén preparados para tener éxito, ya sea al comenzar la universidad o su carrera. Agradezco a mi equipo por su impresionante trabajo en este caso histórico”, dijo Stein.
Para el director ejecutivo del North Carolina Justice Center, Rick Glazier, la sentencia dio vida al derecho constitucional a una educación básica sólida. “Esta es la decisión más importante de la Corte Suprema en materia de derechos civiles en décadas y beneficiará a generaciones de niños de Carolina del Norte en el futuro”, dijo en un comunicado el también ex representante estatal.
Sin embargo, para los jueces republicanos la mayoría demócrata se extralimitó con la sentencia. “Bajo ninguna circunstancia, sin embargo, debería este tribunal dar el asombroso paso de proclamar que la ‘autoridad inherente’ permite al poder judicial ordenarse como superlegisladores”, escribió el juez Berger Jr.
También los abogados del líder del Senado, Phil Berger, y del presidente de la Cámara de Representantes, Tim Moore, argumentaron que sólo la Asamblea General tiene el poder de disponer de los fondos estatales y que sería una violación de la separación de poderes que los tribunales ordenaran la transferencia de dinero.
POSIBLES REVESES
Según un análisis de Rob Schofield, director de NC Policy Watch, existe una percepción generalizada en círculos políticos de que la reciente victoria republicana en las elecciones de medio término en varios tribunales de apelación de Carolina del Norte, pudiera dar lugar a “repentinos y dramáticos reveses en algunas áreas muy importantes de la jurisprudencia constitucional, incluso en algunas sentencias trascendentales en las que la tinta ni siquiera se ha terminado de secar”.
Schofield señala específicamente a esta más reciente sentencia de la Corte Suprema sobre el caso Leandro, como una de las susceptibles al cambio, dada la opinión en contra de muchos líderes legislativos republicanos y a que pronto el Partido Republicano disfrutará de una mayoría de 5-2 en este máximo tribunal estatal.
El analista agrega que la idea de que los altos tribunales se inclinen hacia la derecha como resultado del activismo político y electoral no es exclusiva de Carolina del Norte. Schofield asegura que los republicanos han hecho de este cambio un objetivo principal de la política nacional durante años.
De hecho, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de EE.UU. alarmó a principios de 2022 con su decisión, sin precedentes, de eliminar un derecho constitucional fundamental al revocar la sentencia del caso “Roe vs. Wade” que reconocía el derecho constitucional al aborto y determinaba que toda persona tenía derecho a interrumpir un embarazo antes de que fuera viable.
Sin embargo, Schofield espera que los habitantes de Carolina del Norte puedan disfrutar de su derecho a esperar que los jueces actúen como tales y no como legisladores “aunque no sea sorprendente, ni inapropiado que el reciente cambio electoral estimule un cambio ideológico gradual en el enfoque del tribunal en algunos asuntos”.
