Foto: NC General Assembly
Leah Carlson- La Asamblea General de Carolina del Norte anuló el veto del gobernador Roy Cooper al Proyecto de Ley 10 (HB10), calificado como anti inmigrante por activistas de derechos humanos. El martes 19 de noviembre la Cámara Baja votó 72 a favor y 44 en contra del proyecto de ley y el miércoles 20 el Senado hizo lo propio con 30 votos a favor y 19 en contra. El HB10 entrará en vigor el 1 de diciembre del 2024.
Los republicanos cuentan con una “supermayoría” en la Asamblea General, es decir, controlan dos tercios de ambas cámaras y usaron ese poder para anular el veto que el 20 de septiembre el gobernador demócrata aplicó a la medida.
La ley estatal de Carolina del Norte ya instaba a los alguaciles a verificar el estatus legal de los arrestados e informar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no los obligaba a hacerlo. Ahora sí deberán detener hasta por 48 horas a los acusados de delitos que sean sospechosos de estar en el estado sin documentos. Además, ningún agente u oficial estatal o local tendrá responsabilidad penal o civil por adoptar estas medidas.
Una nueva sección de esta ley permite a cualquier persona, incluyendo agencias federales, presentar una queja ante el Fiscal General de Carolina del Norte, si se alega que un alguacil o administrador de una cárcel no está cumpliendo con la obligación de cooperar con el ICE.
“En la práctica, muchísimos alguaciles se negaban a llevarlo a cabo porque lo consideraban una medida muy nociva para la comunidad, que derivaba en deportaciones y separaciones familiares de personas honestas y trabajadoras que simplemente habían tenido algún altercado menor con las fuerzas del orden”, se explica en una nota del Newsletter La tortilla del medio Enlace Latino.
Se supone que las detenciones se realizan sólo en caso de delitos graves, sin embargo, según esta nota, “se ha demostrado en el pasado con iniciativas idénticas que personas detenidas por hechos muy menores como simplemente violar una norma de tránsito son puestas en proceso de deportación”.
La organización El Pueblo criticó en sus redes sociales la decisión calificandola de “perjudicial para la comunidad inmigrante al crear miedo, aumentar detenciones innecesarias y dañar la confianza con las autoridades”. Además, recomendó a quienes sean detenidos en el tráfico: permanecer en silencio, no firmar documentos sin consultar con un abogado y solicitar un abogado en el caso de ser detenidos. También si el ICE llega a sus viviendas recomendó exigir una orden judicial válida y no abrir la puerta sin confirmar.
Voceros de la organización Carolina Migrant Network condenaron el ambiente de desconfianza que generará la medida. “El Proyecto de Ley 10 de la Cámara de Representantes obliga a las agencias locales a actuar como agentes de inmigración, creando un ambiente donde las familias viven en constante temor y es menos probable que denuncien delitos o busquen servicios fundamentales”, dijeron.
En septiembre, Martha Hernández del Comité de Acción Popular advirtió las probables consecuencias de la ley en el mercado laboral. “HB10 hará que trabajadores migrantes decidan irse del estado como ya ha sucedido en otros estados donde han aprobado leyes parecidas”, declaró .
“No solo somos una fuerza laboral sino que generamos empleos y movemos la economía del estado: hay 67.453 propietarios de negocios, y el valor de las viviendas cuyos dueños son migrantes asciende a 70.300 millones de dólares”, aseguró la activista.
Un precedente en Carolina del Norte es la norma 287 (g) que obligaba a los alguaciles a cooperar con ICE y que en condados como Mecklenburg, donde funcionó entre 2006 y 2018, dejó un saldo de 15.000 personas en proceso de deportación. “Dos de cada tres de esas personas habían sido detenidas por delitos menores, como infracciones de tránsito”, puntualiza una nota del Newsletter de Enlace Latino.
Un golpe a las escuelas públicas
El HB10 también tiene un inciso en el ámbito educativo que contempla dirigir millones de dólares de los contribuyentes para financiar vouchers para estudiantes en escuelas privadas. Específicamente $554 millones se destinarán para estos fines. Los detractores de la medida aseguran que la financiación se destinará en gran medida a familias que ya pueden costear los gastos de matrícula en una escuela privada.
Los defensores de los vouchers aseguran que ofrecer a los padres la posibilidad de usar fondos fondos públicos para matrículas en escuelas privadas permite la libertad de elección educativa, sin embargo, quienes están en contra consideran que el desvío de fondos debilita la educación pública, sobre todo en un contexto en el que el gasto total en educación como porcentaje de la economía estatal de Carolina del Norte cayó del puesto 42 en 2008 al 50 en 2022.
Esta decisión había sido calificada por el gobernador Cooper como “la mayor amenaza para las escuelas públicas en décadas” y en un comunicado de prensa del 15 de noviembre instó a los legisladores republicanos a proporcionar fondos muy necesarios para la recuperación de desastres en el oeste de Carolina del Norte en lugar de gastar millones de dólares de los contribuyentes en vouchers de escuelas privadas.
