Foto: City of Greensboro
Raquel García Núñez- Tener un lugar donde vivir es uno de los problemas más críticos que afrontan actualmente muchas familias de bajos recursos en todo el país. Resolver este tema implica sortear múltiples obstáculos, entre los cuales figuran la situación económica pospandemia, los altos costos de las unidades habitacionales que las convierten en un bien de difícil acceso y, en muchos casos, la discriminación, que les hace el camino más difícil a quienes buscan un espacio para construir su hogar.
En el marco del cumplimiento de la Ley de Vivienda Justa, el Departamento de Vivienda y Desarrollo de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) impulsó el Programa de Ayuda a la Vivienda Justa (FHAP, por sus siglas en inglés). Con este programa se busca, entre otras cosas, luchar contra la discriminación en materia de vivienda, asegurando la igualdad de oportunidades para todos, en especial para los sectores más vulnerables.
Greensboro, al igual que otras ciudades del país, solicitó una extensión local del programa, lo que evita que los residentes tengan que acudir a nivel federal para presentar reclamaciones por discriminación relacionada con la vivienda. “FHAP de la ciudad de Greensboro fue creado para promover afirmativamente las prácticas de vivienda justa a través de la divulgación educativa, la formación y la aplicación de las leyes estatales y locales de vivienda justa”, destaca el sitio web de la ciudad.
El Departamento de Derechos Humanos del gobierno local tiene jurisdicción para investigar, combatir y resolver casos en los que se ha comprobado discriminación. Este tipo de exclusión se define como “la negativa a alquilar, vender, prestar o arrendar a alguien en función de su raza, color, nacionalidad, religión, sexo, discapacidad (física y mental) y/o situación familiar (con niños menores de 18 años, incluidos padres solteros, hijos adoptivos y mujeres embarazadas)”.
Para resolver los casos en los que se denuncia discriminación se lleva a cabo un riguroso proceso de investigación que incluye entrevistas a las partes implicadas y a los testigos, se recopilan los datos, se presenta una queja formal ante el HUD, se determina si existe o no una causa razonable sobre si se ha producido discriminación y, finalmente, se realizan los esfuerzos de conciliación.
La Directora Ejecutiva de Derechos Humanos de la ciudad de Greensboro, la doctora Love C. Jones, explicó en una entrevista a Greensboro Latino que su jurisdicción ha podido cerrar una media de 20 casos anuales de denuncias. “Muchos de los casos se han consolidado y quienes presentaron las quejas recibieron una compensación monetaria”, asegura.
Jones detalla que los reclamos varían de acuerdo a las distintas zonas de la ciudad y el tipo de habitante. “La discriminación racial puede tener lugar en una parte de la ciudad donde hay una población concentrada de minorías, mientras que puede haber un mayor número de casos de discapacidad donde residen poblaciones de mayor edad”, explica la ejecutiva con un PhD en Filosofía.
Por otra parte, señala que no siempre el conflicto entre los proveedores de vivienda y los demandantes tiene que ver con la discriminación, sino con la incapacidad de llegar a un acuerdo sobre algún aspecto de la vivienda. “Puede haber un desacuerdo entre el propietario y el inquilino en relación con cualquier cosa, desde las reparaciones hasta la renovación de un contrato de alquiler. La responsabilidad de nuestro departamento es mediar en el conflicto y ayudar a las partes a llegar a un acuerdo”, comenta.
Su esfuerzo de mediación, que cataloga de buena fe, ha conseguido, en muchos casos, resultados que se traducen en cambios en los contratos de arrendamiento o reparaciones rápidas, por ejemplo. “La clave es ayudar a ambas partes a llegar a un punto de satisfacción”, comenta Jones.
Los servicios de mediación entre propietarios e inquilinos, así como los de interpretación/traducción, son gratuitos. Las citas pueden programarse por teléfono o en persona.
Además del FHAP, la ciudad ofrece el Programa de Disputas entre Propietarios e Inquilinos (LTDP, por sus siglas en inglés) que consiste en una mediación administrada conjuntamente por el Departamento de Derechos Humanos de la Ciudad de Greensboro, el Guilford College y el Departamento de Estudios de Paz y Conflictos de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro (NCG, por sus siglas en inglés.) Se creó como una forma de abrir líneas de comunicación entre propietarios e inquilinos y como una alternativa a las acciones judiciales. El LTDP también es gratuito, voluntario y confidencial.
Educar para prevenir
Jones asegura que la educación es una de las mejores herramientas para prevenir la discriminación en materia de vivienda. “Muchas poblaciones vulnerables no saben que tienen derecho a presentar una queja o el proceso para hacerlo. Nuestro trabajo en el Departamento de Derechos Humanos es hacer que el mayor número posible de personas conozca los servicios de Vivienda Justa y de Arrendador-Inquilino proporcionados por la Ciudad de Greensboro”.
A través del Programa de Educación y Alcance sobre Vivienda Justa el Departamento de Derechos Humanos brinda orientación sobre el tema a propietarios, inquilinos, defensores, agentes inmobiliarios, profesionales relacionados con la vivienda, representantes y a las personas que enfrentan discriminación.
Regularmente, ofrecen presentaciones informativas donde se profundiza el conocimiento de la Ley de Vivienda Justa, detalles sobre la admisión, la selección, la investigación y los tipos de propiedades cubiertas por la ley, así como las clases o categorías protegidas por este instrumento legal. El personal del Departamento analiza los problemas de cumplimiento de la ley, qué hacer en caso de ser víctima de discriminación en la vivienda y cuál es el papel de la ciudad en este proceso.
A juicio de Jones, no solo la educación es importante para prevenir la discriminación, también lo es la empatía. “Todos sabemos cuánto valor tiene para nosotros tener un lugar seguro y asequible donde vivir. Ningún organismo, residente, casero/propietario o gerente de vivienda debería dificultar jamás a nadie el disfrute del mismo derecho, especialmente cuando se trata de diversidades”.
En materia de leyes estatales y locales, Jones comenta que muchos estados han ampliado el número de categorías para que la protección en la materia sea más eficaz, incluyendo la edad y la fuente de ingresos, entre otras. “A raíz del COVID-19 será interesante ver si las directrices federales apoyan los cambios estatales y un mayor número de estados amplían también sus clases protegidas”.
La ejecutiva destaca que el principal obstáculo que enfrentan los residentes de Greensboro para acceder a una vivienda, además de que no hay suficientes casas para vivir, es la asequibilidad. “Como en muchas ciudades, los precios de alquiler y de compra han aumentado drásticamente, disminuyendo la cantidad”, puntualizó.
Para presentar una queja o para obtener más información sobre Vivienda Justa envíe un correo electrónico a Human Rights, complete una solicitud de asistencia en línea o llame al 336-373-2038.
